El caso Humala ¿lucha a favor de los DD HH. o simple persecuciòn polìtica? Give me a break II

La noticia que mañana encabezará las primeras planas de los diarios y noticieros nacionales será, a no dudarlo, la apertura de proceso contra Ollanta Humala Tasso, ex candidato a la Presidencia de la República. Como era de esperarse, el testimonio de dos militares-- que se mantienen en el anonimato-- fue decisivo para que la juez Miluska Cano ordene dicha medida. Hace un par de días nomàs, circularon presuntas versiones en las que estos dos subalternos de Humala Tasso señalaron que por órdenes del “Capitán Carlos”, se torturaba y ejecutaba extrajudicialmente a los detenidos en la Base Contrasubersiva de Madre Mía, allá por 1992.

Lo más importante de todo esto, no es el hecho en sí de estas declaraciones, sino lo que se esconde detrás de ellas. Pues resulta sumamente sospechoso que aparezcan justo en este momento cuando al Gobierno se le exigen una serie de definiciones (la reforma del Estado, por ejemplo) y cuando nos encontramos a punto de acudir a las urnas, dada la proximidad de los comicios regionales y municipales. Es como si se quisiera evitar lo primero, es decir, postergar las reformas prioritarias que necesita el país y sacar del camino al único rival de peso que enfrentaría el aprismo en el interior.

La jugada parece digna de un tablero de ajedrez y con ella se mata dos pájaros de un tiro. Ya que por un lado se distrae la atención pública con este “proceso” a Humala; y, por el otro, se elimina o da un tiro de gracia a la competencia política. Pues sin un Humala que encabece los mìtines a favor de los candidatos de su partido, resultarà complicado que estos puedan sintonizar con las necesidades y urgencias de una poblaciòn que se ve reflejada en su carismàtica figura. Lo vemos sumamente difìcil, sobretodo si este caudillo es encarcelado o tiene que comparecer periòdicamente ante la justicia.

Pasemos ahora a explicar porqué, a nuestro entender , nos parece suspicaz este hecho.

Para empezar, hay que tener en cuenta que si Humala no se hubiese convertido en un serio aspirante a Palacio de Gobierno jamás se hubiera abierto instrucción penal en su contra. Sostenemos esto en vista de que en más de 10 años nadie interpuso una denuncia seria en su contra, y ni la Fiscalìa o el Poder Judicial tomaron cartas en el asunto.
De ser ciertas y veraces esas declaraciones, no se explica cómo justamente aquel supuesto torturador, asesino y violador de Derechos Humanos haya tenido la más alta votación (superior al 50%) en la zona en la que "cometió" todas esas atrocidades de forma periódica y sistemática.

No se entiende tampoco el repentino interés con que el Poder Judicial se aboca a investigar este suceso en particular, dado que en el país existen muchos otros casos destapados por la Comisión de la Verdad (CVR) en los que se violó los DD. HH. de manera organizada y repetida. Contándose, en la mayoría de ellos, con abundante documentación para iniciar los respectivos procesos penales.

No deja de sorprender que todo esto haya sido calculado, pues se hace una vez concluido el proceso electoral como para no levantar la sospecha de que se estaba persiguiendo políticamente a un candidato en plena contienda. Por eso se espero la definición final de la campaña presidencial, y se dejó transcurrir algo de tiempo para que este proceso penal no se vea como algo digitado desde las más altas esferas políticas. No olvidemos que Toledo había emitido declaraciones durante los comicios en las que consideraba a Humala como un agente desestabilizador del sistema, mostrando, además, simpatías iniciales por la “candidata de los ricos”. Para luego apoyar directamente al líder del aprismo (violando la Ley Electoral), una vez que la primera perdió toda opción de tentar el sillón de Pizarro.

Ahora que las aguas se han calmado era apropiado y prudente proseguir con aquel plan inicial—sacar del juego político a Humala—ya que el ambiente es favorable para ello. Decimos que es favorable porque todo Gobierno que comienza su mandato--y el de Garcìa no es la excepciòn--cuenta con un alto índice de aceptación pùblica. Suficiente como para emprender medidas cuestionables que podrían restarle algo de su capital político inicial, pero no como para sepultarlo del todo, si es que sabe ser oportuno*. Este es pues el tiempo ideal para emprender aquello que estaba vedado durante la campaña electoral anterior, ya de haber procesado a Humala con la escasa popularidad con la que contaba Toledo y con una masa humalista movilizada y enardecida, sería impensado y hasta suicida. Sin dejar de lado que el hecho hubiera generado una reacción negativa por parte de la prensa internacional y algunos organismos, restándole credibilidad e imagen al proceso democrático peruano.

El plan para deshacerse de Humala estaba en marcha, como sostenemos, desde que alcanzó gran notoriedad pública. Pero su “crimen” o “pecado” no consistìa ùnicamente en gozar de cierta popularidad, sino en disfrutar de ésta a través una predica que se basò en el cambio radical del modelo econòmico. Algo que no gusta en las más altas esferas empresariales del país que claman por estabilidad y proseguir con un sistema que les ha brindado enormes beneficios.

Sacar a Humala representaría un alivio para todos aquellos que quieren que las cosas sigan como están. Un alivio en el sentido de que no lo tendrán más agitando a las masas ni dirigiendo discursos antimercado.

No somos apologistas de Humala ni simpatizamos con él, seria un despropósito de este colectivo hacerlo. Sòlo damos cuenta de nuestras opiniones tratando de que sean lo más objetivas posibles. De ahí que analicemos y desmenucemos la realidad política y el momento histórico que nos toca vivir.

Continuando con nuestras apreciaciones, nos llama poderosamente la atención de que la juez de este caso sea justamente aquella que resolvió no abrir instrucción a Alan García por las matanzas en Cayara, ocurridas en mayo de 1988. Este hecho no debe tomarse como una simple casualidad ni a la ligera, dado que el Poder Judicial, como es sabido, es y ha sido afín al Partido Aprista. Así como muchas otras dependencias estatales pues muchos de sus cuadros recalan en la función estatal, y el PJ no es la excepción en este caso. Es más, es ahí donde probablemente se presenta el más alto porcentaje de funcionarios apristas que en cualquier otra instancia nacional.

Este es otro motivo adicional para desconfiar del mérito de abrir proceso a Humala, justamente cuando las principales carencias históricas del Poder Judicial han sido su independencia e imparcialidad.

Con todo lo anteriormente expuesto, creemos que existen sobrados indicios para cuestionar no sólo la oportunidad, sino también la idoneidad de abrir instrucción penal cuando las instituciones políticas, y principalmente judiciales, escasean de las mismas.






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* Fue Nicolás Maquiavelo (1469-1527) quien advirtió la necesidad de hacer todos los males en un ùnico momento, ya que si las maldades se ejecutan periódicamente se ofenderìa mucho más al pueblo, ganàndose, eventualmente, su animadversión. (Se recomienda la lectura del Príncipe)

El Procurador ad hoc ¿Lucha contra la corrupciòn? Give me a break!

Con el reciente nombramiento del procurador ad hoc Darío Ríos Patio, cuyas funciones específicas serán las de investigar y denunciar las presuntas irregularidades del régimen toledista, el Gobierno busca dictar nuevamente la agenda política del país. En el sentido de que dicha procuraduría ad hoc sería utilizada para emprender una ofensiva mediática contra el único partido que ha sabido ejercer, hasta ahora, el rol de oposición que le corresponde. Nos estamos refiriendo evidentemente a Perú Posible, ya que ante los continuos ataques verbales provenientes de Palacio y de la PCM, no le quedaba otra opción que responder y salir al frente.

Cabe mencionar ademàs que los entredichos entre los perùposibilistas y los apristas venìan arrastràndose desde los inicios de la campaña electoral por iniciativa de los segundos. Los cuales continuaron con mayor ènfasis por parte de voceros oficialistas engardados de las comisiones de transferencia como Alva Castro, Maurico Mulder y Jorge del Castillo, entre otros. Es decir, que eran desde todo punto de vista premetidados y respondìan a una clara estrategia del aprismo para descreditar, aùn màs, la mediocre gestiòn del partido de la Chakana.

Pero màs allà de lo anecdòticos que pudieran resultar estos antecedentes. La intención del Gobierno con esta designación es nìtida, pues lo que pretende es tener una suerte de vía de escape cuando las circunstancias le sean adversas. Es decir, emplear la procuraduría para soltar una que otra bomba mediática (denuncia de supuesta irregularidad) con el único fin de distraer la atención pública cuando el clima político, económico y social ponga en entre dicho la gobernabilidad, esto es, su estabilidad en el gobierno. Lo que está haciendo obviamente el Apra es anticipar de antemano las futuras insatisfacciones y desilusiones que generará su gestión. Bien sea por un panorama internacional crítico o por un frente interno que exija la implementación de reformas y mayores definiciones de su parte. Con esta medida política el Apra también busca atajar cuanto antes los errores y exabruptos que cometan sus autoridades, así como tapar o minimizar eventuales destapes periodísticos en su contra.

Recordemos que la necesidad de tener un procurador afín se debe a que el principal órgano de control con el que cuenta el Ejecutivo, la Contraloría General de la República, se encuentra justamente en manos del toledismo. De ahí que resulte imperativo contar con la presencia de este funcionario si se quiere prosperar en el hallazgo de malversaciones, cohechos, peculados de uso (término recientemente popularizado por la labia aprista), etc.

Por otro lado, este personaje --Rìos Patio-- cumplirá encargos muy distintos a los que desempeñò del inefable y rollizo “escudero” Gustavo Pacheco, ya que, sin lugar a dudas, el primero no sólo “blindará” la labor del Gobierno, sino también lanzarà sus dardos y alguna que otra pedrada contra el ex oficialismo. De este modo el Apra, al ampliar sus funciones, hará también "oposición" mediante la fiscalización de los sospechosos y turbios manejos del anterior régimen. Algo totalmente inaudito en la política nacional reciente, ya que ni el fujimorismo hizo lo propio con el Apra, aún cuando tuviera mayores indicios y elementos de juicio para investigarlo.

El objetivo del Apra no es la lucha contra la corrupción. Ya que resulta contradictorio que uno de los peores Gobiernos de la historia del Perú, lleve adelante una cruzada como ésta.

Además, no tiene legitimidad política ni moral para hacerla, dadas las graves acusaciones que pesaron--en materia derechos humanos y corrupción-- sobre muchos de sus dirigentes. Sin que èstas, finalmente, pudieran llegar a esclarecerse, dado que algunos funcionarios se ampararon en la figura de la prescripción penal como García.

¿HUMO BLANCO?

No, de ninguna manera salió humo blanco desde la sede de la PCM ni se fumó la pipa de la paz; todo lo contrario, pues los problemas de fondo todavía subsisten y sólo se retornó a aquel momento en el que las partes aùn no habían radicalizado sus posiciones. Lo que sí se logró fue cierta tranquilidad tanto para la región como para el país.

La primera etapa ya fue superada al comprometerse los actores (Yanacocha y la comunidad de Combayo) a dejar de lado sus posturas extremas. Esto implica que el Gobierno ha abandonado, en parte, su rol como mediador y facilitador del diálogo para convertirse en un agente solucionador del conflicto, esto es, en un neto conciliador. Lo cual supone que de ahora en adelante sus responsabilidades serán mucho mayores, ya que no sólo estará encargado de la conducción de las negociaciones sino también de proporcionar soluciones ingeniosas. En otras palabras, la pelota está en su cancha. Y no es una pelota cualquiera de la cual pueda deshacerse fácilmente pasándola a la oposición o tirándola afuera. No, ahora tiene que encarar y definir qué es lo què va a hacer para llevar la bola al arco contrario y anotar. La metáfora puede ser ilustrativa para describir o ejemplificar el momento que se vive, en estos precisos instantes, en Palacio de Gobierno y en la PCM. De aquí en más no podrán olvidarse ni omitir la problemática minero-campesina y tendrán que presentarle a la nación una solución concreta, realista y definitiva, eso si queremos atraer más inversiones mineras.

La presente coyuntura se revela dramática, tanto para el paìs como para el Gobierno, y de cómo la aborde y resuelva este ùltimo, dependerá, y en gran parte, nuestra estabilidad política y social.

No nos olvidemos de que además tenemos próximas unas elecciones regionales y municipales. En las cuales seguramente uno de los temas de campaña serán las tirantes relaciones minero-comunitarias. Dichos problemas serán, sin lugar a dudas, materia del discurso y propaganda de las huestes nacionalistas de Humala, quien podría reaparecer con mucha fuerza para la campaña que se avecina. Se descuenta desde ya su participación en mítines cuando tenga que presentar a sus candidatos a la población. Se hace menciòn de todo esto, dado que el movimiento humalista triunfó en muchas regiones—en la mayoría de ellas—y se presume que obtenga una victoria aplastante, si nos atenemos a las altas votaciones que obtuvo en las elecciones presidenciales de junio pasado. Esto sumado al hecho de que los demás partidos o movimientos políticos tienen escasa popularidad y representación en el interior. Así, la mesa estaría servida de antemano y cuenta con un solo comensal o invitado. De ahí la preocupación aprista por ganarse rápidamente a los más necesitados mediante proyectos como sierra exportadora, la Zona Franca de Puno, el Fondo para la Igualdad dotado con recursos comprometidos por las mineras, etc.

El interés del Gobierno es tratar de arrebatarles la mayor cantidad de regiones y municipios posibles a sus contrincantes humalistas. Esto con el fin de evitar que dichos gobiernos se conviertan focos de futura desestabilización política e insubordinación. Un serio revés para el Apra en esos comicios supondría dar marcha atrás en el proceso de regionalización del país, ya que no es de esperar que se transfieran mayores competencias y fondos a las regiones si estas se encuentran en manos nacionalistas. El Apra trataría a como de lugar de debilitarlos, sabotearlos si es posible como hizo Fujimori cuando la Alcaldía de Lima le era renuente al estar en manos de la oposición.

Garcia y el TLC

Hace unas semanas todo el pais escucho como el presidente Garcia presentaba a Hernando de Soto como su representante personal en Washington para impulsar la firma del TLC con EEUU. En esa oportunidad el dr. Garcia tambien menciono que de acuerdo a De Soto, el TLC solo beneficiaria al 2% de las empresas peruanas y que el resto de peruanos quedaria excluido. En tal sentido, el presidente anuncio que la presencia de De Soto permitiria "Humanizar" el acuerdo de forma que mas peruanos se beneficien. Garcia sabia que el TLC actualmente no se puede modificar puesto que la etapa de negociaciones esta cerrada y solo resta la aprobacion o rechazo del congreso americano. Entonces fue solo un error decir que se cambiaria el TLC o mas bien es parte de una estrategia politica?. Todo indicaria que fue lo segundo, quizas Garcia en su afan de acaparar los posibles reditos politicos por la firma del tratado, anuncio que se modifcara el tratado - puesto que el actual es "excluyente" y "elitista". Osea si el tratado se firmaba bajo el regimen anterior era malo, pero baja Garcia es bueno, me pregunto como habria votado la bancada aprista sobre el tema si no hubiesen ganado las elecciones???

De Soto despues de esto salio rapidamente a aclarar al presidente, diciendo que "no se le tocaria un pelo al tratado" y que su trabajo seria de promotor en Washington y de sugerir cambios internos que hagan que los beneficios del TLC lleguen a mas personas.

La forma en que Garcia anuncio sin reparos cambios al tratado a sabiendas que eso era imposible, no hace si no reforzar la vision de Garcia como un politico que no tiene el menor escrupulo para mentir y que ha hecho del cinismo y la doblez un modo de vida.

Cajamarcazo II

Algo que no había advertido en un inicio y que tiene que ver, y mucho, con la situación que se vive en estos momentos en Cajamarca, es que a la minera Yanacocha le han aparecido defensores tan efusivos y bulliciosos como sus opositores comuneros. Este grupo ha surgido como fruto de la paralización y está compuesto mayormente por aquellos que han sido beneficiados tanto directa como indirectamente por la actividad de la mina. Nos referimos a los trabajadores de Yanacocha, los que laboran para algún service o simplemente prestan alguna labor de apoyo.

Cabe resaltar que mucha de la boyante actividad comercial de Cajamarca se ha debido la incidencia económica de la empresa minera en la región, ya que ha aumentado el ingreso per càpita de cierto sector de la población. Y a mayor ingreso mayor capacidad de consumo. He ahí que muchas empresas de servicios se hayan instalado o piensen en hacerlo, tales como cadenas de restaurantes, hoteles, bancos, tiendas por departamentos, cines, etc. Por eso no es de extrañar que tanto trabajadores dependientes como independientes y los comerciantes hayan formado una cruzada con el fin de evitar el cierre indefinido de la compañía, puesto que está en juego la supervivencia de sus familias, es decir, sus ingresos.

Para la región esta situación es negativa ya que muchos comercios decidirán no abrir o restringir también sus operaciones, despidiendo posiblemente a sus empleados. Lo cierto es que la economía de Cajamarca, que antaño giraba en torno a la actividad ganadera (lechera concretamente) y turìstica, hoy es más que nunca dependiente de las operaciones mineras, bien sea por los recursos del canón o por los efectos en el consumo. Creàndose, así, un nuevo proletariado que recién ha tomado conciencia de sì mismo-- de su existencia--en el preciso momento en que èsta peligra, dado que sin la mina desaparecerían inevitablemente.

La situación tiene alguna similitud con la que tuvo Potosí, conocido en tiempos virreinales como “Cerro Rico” en el Alto Perú. Hacemos esta comparación porque la ciudad de Potosí dependía enteramente de la explotación de la plata, a tal extremo que en el momento de su decadencia, a mediados del siglo XVIII, se produjo también la de la ciudad y de la actual Bolivia. Dicho país basó su economía en la minería y casi todos sus recursos mineros fueron explotados por España durante la colonia por lo que ahora tiene una economía inestable. Y esto es precisamente lo que en parte sucede o podría ocurrir de no tener una estrategia, como Estado, para saber qué hacer después de agotar la vida útil de nuestros yacimientos minerales. Esa es la gran tarea pendiente por enfrentar, y para la cual deberíamos estar listos, si es que no queremos atravesar por situaciones parecidas a las de nuestros vecinos sudamericanos.

Está bien, desde luego, saber cómo y en qué emplear los recursos del canòn o las regalías. Pero mucho más importante que eso es tener en claro qué cosa vamos a hacer más adelante una vez que mermen los ingresos mineros. Sin un proyecto al respecto, carecemos de toda viabilidad en el largo plazo y estamos expuestos a que los militares nos gobiernen en el futuro con el fin de poner orden. Volviendo otra vez al pernicioso péndulo del poder, es decir, a oscilar entre gobiernos democráticos y modelos autoritarios como en el pasado.

Cajamarcazo I

Luego de haber sido tomada durante 5 días la carretera Cajamarca- Bambamarca por parte de los pobladores de la comunidad de Combayo, la Minera Yanacocha—que explota el yacimiento más grande de oro de la región—decidió paralizar sus operaciones dada la falta de seguridad para la continuación de las mismas. Si bien resulta lógica esta reacción ya que la vía en cuestión representa el principal acceso desde y hacia la mina, y supone poner en serio riesgo la integridad física de sus trabajadores; no pensamos, sin embargo, que esas sean las razones más importantes por las que la minera resolvió suspender sus trabajos.

Para empezar, la relación entre la mina y las comunidades ya era ---y siempre fue---bastante áspera y violenta. Y desde mucho antes de la toma de la carretera la situación era de total intransigencia entre las partes, pues ni una ni otra pretendían ceder ni un ápice en sus pretensiones. De ahí que el bloqueo de la vía y el cierre temporal Yanacocha sean sólo otras formas en las que se manifiesta este conflicto. Tanto una como otra posición resultan extremas y negativas para el país, pues colocan en entredicho la gobernabilidad y la capacidad del Estado para anticipar y resolver los conflictos sociales. En verdad, con medidas tan extremas como estas, lo único que se busca es la participación o involucramiento del Estado, a través del Gobierno, en el asunto. Es esta la principal razón y no otra de por qué la empresa de capitales nacionales y extranjeros, se vio obligada a dejar de operar. Es lamentable que se recurra a formas radicales para llamar la atención del Estado pero así es (ya que éste tiene escasa o nula presencia en los lugares más alejados del territorio).

Y lo malo de todo esto es que se vuelve a generar un precedente negativo, pues el mensaje que se envía a la población es que sòlo si se radicalizan: sus demandas serán eventualmente atendidas o escuchadas por las autoridades. De este modo se genera un círculo vicioso que socava la estabilidad y el orden que debe primar en un Estado de Derecho. Pero lo más lamentable aun, es que la empresa privada haya tenido que optar por maneras tan extremas. Ahora es el capital el que ve réditos al endurecer sus acciones, ya que con éstas, logra, finalmente, la preocupación estatal.

Para Yanacocha, si bien paralizar en estos momentos supone asumir pérdidas del orden de los 6 millones de soles por día; para el Estado y para la región (Cajamarca) èstas representan cantidades mucho mayores, dado que la mina cuenta con suficientes ganancias-- obtenidas en ejercicios anteriores--para soportar las pérdidas de este cese. Todo lo contrario sucede en el caso del Estado, pues esta falta de actividades le reporta menos ingresos por renta y canón minero. Y para un Gobierno apremiado por la carencia de recursos para atender las demandas sociales representa un duro golpe y un serio revés.

Pero más allá de eso, esta situación se presenta como la primera prueba de fuego para las cualidades concertadoras del premier Del Castillo. Las cuales serán sin duda necesarias a la hora del diálogo, pero no sabemos si bastarán pues se requieren soluciones ingeniosas, convincentes y más que nada, perdurables a la problemática minero-comunitaria o minero—campesina. Yanacocha no es Cerro Verde ni mucho menos Antamina, de ahí que precisemos de soluciones ad hoc, es decir, para el caso, dado que se tratan de realidades culturales distintas, aun cuando todas ellas compartan y enfrenten problemas comunes como la exclusión, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción.

El clima desde ya se presenta complicado para iniciar una negociación debido a que ambas partes cuestionan a los representantes de la otra. Esto hace que sea doblemente difícil llegar a algún acuerdo, puesto que se enfrentan problemas tanto de fondo como forma. De forma, en el sentido de que los interlocutores—aquellos que hablan en nombre de los actores— gozan de gran desconfianza y animadversión entre sì. Y son precisamente estos quienes más que trasladar o llevar el mensaje de sus representados, lo manipulan o reelaboran según sus términos, intereses y conveniencias. Nos estamos refiriendo concretamente a los emisarios de las comunidades, quienes tienen gran influencia en èstas y son los que encausan y dirigen a la población. En principio debe generar cierto recelo sentarse a conversar con alguien que encabeza la ola de marchas y protestas violentas. Por eso seria necesario convocar a otros miembros que muestren una actitud más dialogante o concertadora. Para por lo menos empezar a dialogar sin ningún cuestionamiento.

Eso por un lado, pues se requiere además que cada parte ceda en sus pretensiones. Y he ahí que ambas han puesto condiciones o trabas para iniciar las tratativas, pues por un lado la minera pide que se levante el bloqueo de la carretera, y la comunidad pretende no desbloquearla en tanto no se produzcan las pláticas que conduzcan a un arreglo definitivo de su pliego de reclamos.

Cabe resaltar que dicho pliego ha sido modificado pues se ha incluido en la agenda el aspecto ambiental, según versión de la propia Yanacocha. Cuando anteriormente el principal requerimiento era el ofrecimiento de puestos de trabajo.

Fuentes periodísticas dan detalle que la oposición de los comuneros se debe a la ampliación del proyecto de Carachugo, el cual les ocasionaría escasez de agua y la contaminación de la misma para su uso agrícola y ganadero.

El padre de la vicaría de la Solidaridad de Cajamarca, Efraín Castillo, explicó en un programa televisivo que habría intereses de empresarios locales que movilizan a la población al no haber ganado alguna licitación con la minera Yanacocha. "Al no ver sus expectativas satisfechas, convocan al caserío para que presione a la minera", explicó. Según este eclesiástico, el gran problema es la aparición de agentes que afectan las interrelaciones sociales y de poder en las comunidades. Dichos agentes (empresarios informales) pretendían captar mano de obra campesina para utilizarla en las eventuales licitaciones que convoque la minera, con el fin de enriquecerse, naturalmente. De esa frustración es que surge a su entender la reacción de la comunidad.

Pero el problema es mucho más grave y tiene muchas más aristas de las que se mencionan, y tiene que ver, esencialmente, con el rol del Estado y su participación en el desarrollo nacional. La falta de proyectos para emplear los recursos del canón o las regalías mineras son una clara muestra de que aun no existe una voluntad de enmienda en el aparato burocrático. Ya que lo que desespera a la población es la inactividad gubernamental, es decir, su pasividad (característica típica del quinquenio toledista). De modo que la falta de una respuesta estatal, que no necesariamente pasa por el empleo inmediato de la fuerza pública para poner orden, es la gran desencadenadora de situaciones alarmantes de este tipo. Por eso no resulta nada extraño que las cosas exploten de la noche a la mañana como bombas de tiempo. Y es que si no se resuelven adecuadamente estos problemas no cabe otra cosa que esperar.

Mientras tanto, estaremos expectantes y analizaremos cualquier eventual definiciòn.

¿Volver a la Constituciòn del 79?

En esta semana, concretamente el martes, se inicia el debate para ver si se retorna o no a la Constitución Hayista. Veo con mucha preocupación esta posibilidad ya que ni reformada es buena, es más, esa Constitución fue la que generó mayor inestabilidad política, social y económica como ninguna otra que hayamos tenido en el pasado. Y si bien fue fruto del consenso de la mayoría de las fuerzas políticas de ese entonces, recordemos nomás que se dio en plena dictadura militar. Así que su origen histórico no fue para nada puro ni sacrosanto como lo pintan algunos trasnochados de hoy como Valle Riestra, dado que fue la carta con la que negociaron su salida los uniformados demagógicos que nos gobernaron durante más de una década. De esta manera se aseguraron una transición pacifica, sin juicios, investigaciones ni cuestionamientos durante su permanencia en el poder por parte de la clase política, la prensa y los empresarios. Es decir, todos se hicieron de la vista gorda a cambio de contentarse con una Constitución que les permitiera (a la èlite polìtica) plasmar gran parte de su ideario político con el fin de "marcar" al país como lo hace cualquier ganadero con sus reses, es decir, como si se fundarà genéticamente en ellos o fuera una suerte de propiedad suya.

La idea de los militares de esa época era que su proyecto no se desbaratará de la noche a la mañana, ya que siendo de corte socialista la dictadura de Velasco Alvarado, dicha Constitución representaría en la práctica un suerte de prolongación de la misma (de la tiranía), con el objetivo, como lo mencioné más adelante, de que no se plantee, por ejemplo, el inicio de investigaciones judiciales o procesos que lleven a los tribunales a muchos militares por la conculcación de los derechos ciudadanos y universales, en otras palabras, por sus excesos y atropellos contra la vida, la integridad física, la propiedad, la libertad de expresión, la persecución, etc. Esto quiere decir que no tuvo el tan mentando origen democràtico o popular como muchos sostienen.

De modo que volver a la Constitución anterior supone avalar una serie de hechos nefastos con los cuales estamos en desacuerdo. Su retorno implica hacernos los ciegos otra vez, en cuanto a materia de Derechos Humanos se refiere, pero también tornarnos invidentes ante todo el mal que causó en manos de un García irreflexivo. Basta recordar nomás que dicha "ley de leyes" allanó el camino de García para hacer todo lo que hizo en materia económica, porque esa Constitución lo facultaba a intervenir en la economía del país, tanto a nivel micro como macro. De ahí que gran parte de su articulado represente una seria amenaza para la estabilidad que necesitamos, puesto que deja mucho de su contenido, a ser desarrollado por la subjetividad del gobernante. Es decir, que queda en manos de éste el hecho de determinar qué se entiende por "bien común", "interés social", "función social de apoyo", etc*. Conceptos que a todas luces son imprecisos por sí mismos, y requieren de precisiones por parte del Presidente o del Congreso. Los conceptos anteriormente aludidos, son peligrosos en el sentido de que de no ser observados por los gobernados, esto es, empresarios y cualquiera que realice alguna actividad económica relevante, se es pasible de ser intervenido por el Estado si es que su actuación no está enmarcada por aquello que la clase política dice que es o debería ser el "bien común", "interés social", "función social de apoyo", etc. En otras palabras, sería como abrir de nuevo la caja de Pandora a la arbitrariedad y el descontrol.



* Al definir el contenido de una serie de conceptos constitucionales, el Presidente de la Repùblica se convierte en una especie de supremo intèrprete de la Constituciòn. Usurpando funciones propias del Tribunal Constitucional, dado que este òrgano es el ùnico que goza de dicha prerrogativa conjuntamente con todos los demàs magistrados de la naciòn, a travès del ejercicio de la jurisprudencia.

Hubo una vez doce apóstoles

por. Nelson Manrique

El nombramiento de Hernando de Soto como superministro y la presentación del
premier Jorge del Castillo ayudan a aclarar la orientación económica del
segundo gobierno de Alan García.


El encargo hecho a Hernando de Soto, para que consiga que el Congreso de los
EE.UU. apruebe el TLC con el Perú, ha servido para zanjar dos cuestiones que
hasta aquí se prestaban al debate. En primer lugar, el TLC va a beneficiar a
una muy pequeña minoría de peruanos: apenas un 2% de los empresarios. La
afirmación de De Soto, de que va a excluir al 98% restante, no ha sido
objetada por nadie, ni dentro, ni fuera del gobierno. En segundo lugar, no
va a haber ninguna modificación del TLC: ni las compensaciones, ni la
supuesta renegociación, con que el presidente García justificó el abandono
de su posición inicial de proponer un referéndum para debatirlo y de
desconocer, si era necesario, la firma del presidente Toledo. En las
precisas palabras de Hernando de Soto, al TLC no se le va a tocar ni un
pelo. El TLC queda y no hay debate, para frustración de las llamas y alpacas
cuya opinión no va a tomarse en cuenta.


Para compensar, el Gobierno ha decidido plegarse a la propuesta de De Soto,
de realizar las reformas internas que permitan que el TLC beneficie a una
mayoría. Esta es una buena noticia para la ONG de Hernando de Soto, que
tendrá contratos asegurados para los próximos cinco años para impulsar el
abaratamiento de los costos de la formalización de los pequeños empresarios.
Pero deja en pie la política económica del gobierno de Alejandro Toledo,
sigue agrandando la brecha que separa a los ricos de los pobres.


La presentación de Jorge del Castillo en el Congreso ha tenido la misma
impronta: no hay ni una sola iniciativa de real reforma del aparato del
Estado ni de modificación de la actual estructura de la distribución del
ingreso. El gobierno de Alan García no se atreve siquiera a hacer las
modificaciones en la estructura tributaria que reclama Lourdes Flores. En
cambio, para disponer de recursos para implementar una política social,
recurre a demandar un óbolo voluntario a los mineros, en lugar de renegociar
los contratos, como se ha hecho ya en cerca de un centenar de ocasiones,
siempre a pedido de los empresarios.


Alan García vuelve, pues, a confiar en la buena voluntad y la sensibilidad
de los empresarios para cimentar su política social. Ya lo hizo en una
oportunidad anterior, cuando durante su primer gobierno entabló una política
privilegiada con los empresarios más grandes (los doce apóstoles), en la
creencia de que los privilegios que les otorgaba serían retribuidos con la
reinversión de sus sobreganancias en el país. Según cuentan quienes formaban
parte de su entorno cercano, fue su desilusión, al ver que estos enviaban
sus utilidades al exterior, lo que precipitó el caballazo de estatizar la
banca, con los resultados conocidos. Ojalá la fábula tenga esta vez un mejor
final.

prueba

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