LA CRISIS DEL FMI Y DEL BM: LA CANCELACION ANTICIPADA DE LA DEUDA CON LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

19.5.07

El pago total de la deuda por parte de algunos países emergentes se está convirtiendo en una corriente muy extendida entre las naciones en vías de desarrollo y en un severo dolor de cabeza para el FMI y el BM. Estos son los casos de Brasil, Argentina, Tailandia, Rusia, Venezuela y Uruguay, quienes al saldar o anunciar los pagos por adelantado de sus obligaciones con las instituciones financieras internacionales complican no sólo su situación financiera (ya que subsisten gracias al pago de intereses sobre los montos que asignan), sino que se liberan de la fiscalización que hace el FMI de la aplicación de sus respectivas políticas económicas.

Así, la cancelación de Brasil en el 2005 por la cual saldó su deuda de 15.700 millones de dólares con el FMI y la determinación argentina de seguir los pasos de su gran socio comercial al efectuar desembolsos por 9.810 millones de la divisa norteamericana fueron dos hitos de gran importancia en la historia de las relaciones económicas de los países emergentes con los organismos multilaterales, ya que además de liberarse del constante monitoreo de sus economías, en particular de sus indicadores macroeconómicos y sus políticas fiscales y monetarias, ahorraran cientos de millones de dólares en intereses (por el pago adelantado de sus obligaciones crediticias). Brasil, por ejemplo, ahorrará unos 900 millones de dólares por dicho concepto.

Uruguay, siendo un país pequeño dentro de la órbita sudamericana, también imitó a sus pares del Mercosur al anunciar en el 2006 el pago de su deuda con el Fondo por un total de 1.080 millones de dólares.

Mucha razón tenía Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Nixon y consejero de varios presidentes norteamericanos al indicar que los países de América Latina se orientarán a lo que haga Brasil. Al menos en el terreno del pago de la deuda y de algunas políticas de sociales, las naciones de la región vienen imitando la buena gestión del presidente brasilero Lula da Silva.

Otros países como la conflictiva Serbia y la turbulenta Indonesia emprendieron la misma estrategia de las tres naciones latinoamericanas mencionadas.

Aquí cabe destacar que el pago anticipado mejora el perfil crediticio de los países que decidieron cancelar sus deudas con las OFI antes de sus vencimientos. Esto es positivo porque reduce el monto a pagar por intereses en el largo plazo y libera recursos a futuro para asignarlos a programas vinculados con el desarrollo y la disminución de la pobreza. Además, facilita la obtención de nuevos créditos a mejores tasas y condiciones porque el país se presenta como buen pagador en los mercados financieros.

Standard & Poors, agencia clasificadora de riesgos, señala que el pago adelantado otorga un mejor acceso al mercado de capitales y mejora la calificación del país acercándola al grado de inversión, cuyo indicador sirve de referencia para los inversionistas extranjeros al momento de resolver si invierten o no en una determinada plaza emergente.

Algunos países a la vez que cancelan sus compromisos con el BM y el FMI, han optado también por saldar sus préstamos con el Club de París, que agrupa a los acreedores públicos (Estados desarrollados) de los países emergentes, con el objetivo de reducir aún más su carga financiera.

En cierto modo se puede apreciar que los países menos industrializados están ganando más autonomía e independencia respecto de las instituciones de crédito internacional. Pero esta independencia es todavía relativa, y más aún en un entorno globalizado donde los lazos y procesos de intercambio se estrechan. La dependencia de los países emergentes, en especial de América Latina, se debe a su estructura económica que enfatiza la explotación de materias primas y productos de poco valor agregado.

La existencia de nuevos mercados y cierta apertura vía Tratados de Libre Comercio (TLC) o acuerdos de preferencias arancelarias para algunos bienes refuerzan esta tendencia de la economía latinoamericana, es decir, de ser esencialmente exportadora de productos primarios. Pero a la vez la hace menos vulnerable al tener otros destinos donde colocar su producción (como China, India, etc.), de ahí que las crisis internacionales, barreras proteccionistas o distorsiones al comercio mundial por parte de los compradores tradicionales como EE UU y la UE ya no sean tan catastróficas como antes.

Retomando la cancelación de la deuda de países emergentes, Venezuela acaba de sumarse a la lista de naciones que ya concretaron las operaciones de pago anticipado con el FMI y el BM. Ese país desde hace algún tiempo atrás, gracias a su riqueza petrolera, viene reemplazando en el plano regional al FMI como prestamista institucional por excelencia al adquirir bonos de deuda argentinos por montos cercanos a los 3.000 millones de dólares. Lo que ha aliviado las finanzas argentinas y permitido que encuentre otras fuentes alternativas de financiamiento en la región sin acudir a Washington D.C., donde se ubica la sede del FMI.

En concreto, las acreencias venezolanas con el FMI y el BM totalizaban unos 3.300 millones de dólares, que fueron saldadas luego de que Caracas recurriera a sus Reservas Internacionales Netas (RIN) y se abstuviera de solicitar nuevas líneas de crédito a los organismos multilaterales. Pero el presidente populista Hugo Chávez pretende ir más allá de la cancelación pues resolvió la separación de su país del FMI y del BM. En la práctica, la estrategia -de los países emergentes- de cancelar anticipadamente sus acreencias y no hacer uso de préstamos aprobados significa un rechazo a la injerencia de las instituciones financieras. Por ello, salirse abruptamente del Fondo y del BM no disminuye en ningún grado la influencia de éstas últimas sobre las economías latinoamericanas. De ahí que la decisión de Chávez sea más efectista que concreta, porque desde que asumió el mando en 1999, congeló las relaciones con el FMI. El propio ministro de Economía de Chávez, Rodrigo Cabezas, afirmó “que con el adelanto en las cancelaciones, Venezuela sólo ahorrará unos 8 millones de dólares, por lo que la medida tiene más significado político que económico”.

La pésima imagen del Fondo en Venezuela data de 1989, cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, contra el que Chávez dio un fallido golpe en 1992, firmó un acuerdo con el FMI por el que se adhirió por completo a sus “recomendaciones”, que entre otras disposiciones comprendía un duro programa de ajuste fiscal. Aquello desató una ola de protestas sociales y disturbios que debilitaron la presidencia del “socialdemócrata” Pérez. Por ese entonces el contexto internacional era negativo para la mayoría de economías de América pues muchos de los commodities que comercializaban como el petróleo se cotizaban a precios irrisorios y no tenían recursos para afrontar los pagos de sus cuantiosas deudas, además había que agregar una inflación galopante y la constante devaluación de la moneda. La falta de inversiones extranjeras que dinamicen la economía, producto de la volatilidad política, la ausencia de reglas claras para la inversión y demasiado proteccionismo, obligaron a los países a recurrir a los Organismo Financiero Internacionales para cubrir sus necesidades presupuestales y sus déficit en cuenta corriente. Venezuela inició por esas fechas un programa de liberalización económica, que acabó con los controles de precios, privatizó las deficitarias y elefantiásicas empresas públicas (que ahora Chávez nacionaliza) y desmanteló las barreras a las importaciones, entre otras medidas muy conocidas.

La apertura frenética de la economía trajo algunas cosas positivas (como hacer más conscientes a los gobiernos de la necesidad de tener políticas fiscales responsables), pero generó un malestar y descontento generalizado entre los estratos sociales más bajos, es decir, los más vulnerables a los cambios que se introdujeron con la nueva orientación económica.

Las noticias para los organismos multilaterales no son malas, al menos en los casos del BID y la CAF (Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, respectivamente), con los que Venezuela desea seguir colaborando, así como muchos otros países latinos ya que dichas instituciones siempre guardaron el perfil para el que fueron diseñadas, a diferencia de sus pares del FMI y del BM, quienes por largo tiempo han sido dependientes de los Estados que designan a sus principales directivos y representantes, es decir, herramientas de control político y presión sobre las economías emergentes.

Argentina, por su parte, al imitar a Brasil, privó de ingresos futuros al Fondo toda vez que los préstamos que acumulaba conjuntamente con Brasil ascienden a 49% del total de créditos otorgados por dicho organismo. Si bien la cancelación alivia en algo las cuentas rioplatenses, más del 90% de la deuda pública argentina se mantiene con Estados y acreedores privados. Desde cierto punto de vista es malo que Argentina se desentienda del FMI toda vez que las políticas populistas que impulsa Néstor Kirchner tendrán menos freno y oposición internacionalmente hablando. En su caso, la independencia lograda puede ser perjudicial porque algunas de las críticas que desliza el Fondo sobre las políticas de control de precios, distorsiones (mediante impuestos antitécnicos) y fijación de tarifas a los servicios públicos son justas y deben ser revisadas. Además, se pierde un adecuado monitoreo sobre los recursos (provenientes de préstamos) para programas sociales, esto es, deja de fiscalizarse un importante gasto como el social (en el que se precisa una escrupulosa asignación de los mismos para que generen el impacto deseado).

Entre las razones que algunos analistas difunden acerca de las verdaderas motivaciones de la abrupta cancelación de la deuda argentina, está la falta de un acuerdo con el FMI sobre la revalorización del peso, liberar el control estatal sobre las tarifas y realizar algunas reformas fiscales adicionales. La negativa de Argentina a deshacerse de algunas políticas populistas la llevó a “romper” su relación con el FMI. El pago adelantado redujo las reservas gauchas en un tercio pues se encontraban antes de la cancelación en 27.000 millones de dólares. Algunos financistas consideran que para recuperar el anterior nivel de reservas será necesario emitir nueva deuda (en bonos a tasas del 9%), con lo cual se habrá perdido el supuesto ahorro de intereses.

En la lista de los principales deudores del FMI se encontraba Brasil con un 34% de los préstamos concedidos por el Fondo. Le seguía Turquía, quien también ha honrado sus compromisos por adelantado. En el tercer puesto se ubicaba Argentina con 15%. Indonesia con 10% en el cuarto lugar. El quinto era de Rusia con el 5% de los desembolsos del FMI. Y el resto se repartía el 13% de los montos asignados por el Fondo.

En Brasil, los críticos del gobierno del Partido de los Trabajadores consideraron que “los recursos se obtuvieron de una restricción del gasto público y el sostenimiento de elevadas tasas de interés, en el estilo de política económica ortodoxa, lo cual terminó generando el ahorro en las reservas internacionales”, según la BBC. Mientras que para Rodrigo Rato, director gerente del Fondo, “refleja la creciente fortaleza de la posición externa del país”. Esta nación saldó su deuda de 15.500 millones de dólares con parte del dinero que el FMI recaudó para conformar el paquete de “rescate” tras la crisis cambiaria que devaluó al real y que el Tesoro brasilero contabilizó como parte de sus reservas.

De otro lado, Ecuador parece ser el siguiente país latinoamericano en desvincularse financieramente del FMI. Al menos así lo reveló, Rafael Correa, presidente ecuatoriano, quien manifestó que desea “reducir en un 60% la deuda y liberar recursos para los programas sociales”. En la actualidad, según cifras del FMI, la deuda de Ecuador asciende a 10. 216 millones de dólares, cerca de un tercio de su Producto Bruto Interno (PBI).

Las relaciones entre Ecuador y el FMI y el BM no pasan por un buen momento. Al extremo que el ministro de Economía, Ricardo Patiño, ha puesto en la congeladora los tratos con dichos organismos. Por contra, Quito prefiere acentuar sus lazos, al igual que Venezuela, con el BID y la CAF. Ecuador se dispone a cortar progresivamente sus vinculaciones con el Fondo mientras la cotización de su principal producto de exportación, el petróleo, le favorezca. Pero antes tendría que consolidar su industria petrolera como Venezuela o Rusia, para asegurar una mejor participación del Estado en las regalías, contratos de explotación y en empresas conjuntas entre Ecuador y las multinacionales que operan en la selva ecuatoriana. Hace pocos meses el gobierno anuló la concesión a la norteamericana Occidental Petroleum por incumplir algunas obligaciones contractuales, lo que ha sido visto como una arremetida de Ecuador contra los capitales privados (extranjeros). Con ello corre el riesgo de que no se renueve -es lo más probable- las preferencias arancelarias que gozan sus productos agrícolas y manufactureros en el mercado estadounidense.

LA CRISIS DEL FMI Y DEL BM: LAS NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

En la actualidad varios países emergentes han encontrado o desarrollado mecanismos pata acceder a los mercados financieros sin necesidad de acudir a los organismos de financiamiento internacional (FMI y BM). Esto se debe en gran medida a la fortaleza económica que experimentan los países emergentes, quienes reciben constantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED). A estas inversiones foráneas se suma el dinamismo de los capitales locales que en vez de migrar al exterior optan por establecerse y desarrollar proyectos de negocios en su país de origen o en otros de la misma región.

El entorno estable a nivel macroeconómico y político de la mayoría de países emergentes reduce el riesgo de volatilidad para las inversiones, sobre todo las de largo plazo, lo que se traduce en mayores garantías e incentivos para atraer capitales.

Los constantes flujos de inversión han provocado que estas naciones recauden mayores montos en impuestos con los que financian su gasto corriente y una variada gama de programas sociales sin asistencia financiera de los organismos financieros internacionales como en el pasado.

El crecimiento económico es responsable de que el FMI y el BM hayan sido relegados del acontecer financiero de los países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo. Por si fuera poco, la acumulación de recursos gracias al auge del sector exportador, que debe su dinamismo a la mayor cotización de las materias primas y algunos commodities, ha permitido que los países emergentes acumulen mayores reservas con las cuales podrán afrontar mejor los efectos de una indeseada crisis internacional (relacionada con la abrupta caída de los precios de sus principales de exportación). De alguna forma u otra, las lecciones del pasado han obligado a muchos Estados a no dilapidar rápidamente los ingresos provenientes de la actual bonanza económica, salvo por el caso de Venezuela.

Así, la mejor situación financiera de los mercados emergentes hace que no dependan de los desembolsos del FMI o del BM para mitigar las consecuencias de las crisis económicas ni para cubrir parte de su gasto fiscal, es decir, sus presupuestos nacionales. Lo anterior se verifica en la postergación de las líneas de crédito habilitadas parte de países como Colombia, Perú, Chile, etc., quienes no las utilizado pese a estar disponibles desde hace meses o años.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) reveló, como se dijo anteriormente, que el incremento de las inversiones en América Latina se debe al buen desempeño macroeconómico y a los elevados precios de las materias primas. Para el organismo internacional, México, Brasil, Chile y Colombia, en ese orden, son los que más inversiones recibieron durante el 2006.

1.1.- Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)

Según el último reporte de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, según sus siglas en inglés), la inversión foránea en América Latina creció en 3% durante el 2005. Esta cifra es pequeña comparada con el crecimiento de la IED a nivel mundial pues aumentó un 29% respecto al 2004. La información revela una tendencia ascendente en el flujo de inversión extranjera.

América Latina recibió tan sólo el 7% de la IED global (que ascendió a 916.000 millones de dólares en el 2005), es decir, 65.000 millones de dólares. Dicho monto equivale al 20% de la IED percibida por los países emergentes, lo que relega a esa parte del continente americano respecto a otras regiones como el Sudeste asiático o Europa del Este, con las que compite directamente por la captación de nuevos capitales.

En el caso de los países con mercados emergentes se aprecian dos cosas: el incremento de la IED en 22% respecto al 2004 y el papel cada vez más preponderante de estos países como exportadores de inversión a plazas emergentes y/o más sofisticadas. Las cifras del informe indican que recibieron 334.000 millones de dólares en el 2005 en IED, cerca del 36% de todos los flujos de inversión registrados durante ese año. La Unctad calcula que los países emergentes enviaron al exterior 133.000 millones de dólares, un 17% de toda la IED.

Los menores flujos de IED en América Latina, pese a su gran potencial, se deben en parte a la aplicación de políticas que desalienten la atracción de capitales. Venezuela concentra la mayoría de las críticas de los analistas a pesar de que captó US$ 1.000 millones en inversiones, sobre todo en su sector petrolero (gracias a los mayores precios de ese commoditie). También la mayor carga tributaria de Brasil desalienta la llegada de nuevas inversiones extranjeras, ya que genera menores tasas de retorno sobre el capital invertido. Pero aún así la gran economía latinoamericana figura entre las favoritas de los inversionistas extranjeros al ocupar el segundo lugar de preferencia dentro de la región para la IED. Argentina, por su parte, sigue siendo mal calificada por los inversionistas y por el informe de la Unctad al impulsar medidas relativas a los controles de precios como la que le permite al Gobierno de Kirchner renegociar las tarifas con las empresas prestadoras de servicios públicos. Aun así, el país del Rio de la Plata pudo atraer US$ 4.662 en inversiones, un 9% más que el año anterior (2004).

La mayor parte de inversiones que atrajo Latinoamérica durante el 2005 se concentró en los sectores productivos vinculados a las exportaciones. Esto es, en minería e hidrocarburos, principalmente. En aquel año (2005) se destacó Colombia pues superó a Venezuela en 200 millones de dólares en la captación de capitales en el área de hidrocarburos.

En cuanto a la exportación de capitales de los países emergentes, cabe destacar que el buen clima económico ha facilitado que las empresas de los países de la zona latinoamericana inviertan cada vez más en las plazas vecinas. La buena marcha de las naciones ha sido aprovechada por las empresas locales, las que, en algunos casos, han llegado a constituirse en verdaderos “campeones trasnacionales” capaces de rivalizar con las firmas occidentales al expandirse y consolidar sus posiciones en la región. A estas alturas es evidente que las compañías translatinas han aumentado su grado de internacionalización, de ahí que destaquen las inversiones de empresas provenientes de Brasil (en construcción, gas y petróleo, entre otros rubros), México (telefonía y minería), Chile (servicios diversos y banca), Argentina (industrias alimenticias, gas, petróleo, etc.). A decir de la CEPAL, la estabilidad política de la mayoría de países de América Latina ha favorecido este ambiente de gran flujo de inversiones en la zona.

En el caso de los envíos de IED, Brasil destaca como exportador de IED. Su caso es enigmático en cierto punto porque la exportación de capitales supera la captación de IED del país. Esto se debe a las compras de las firmas brasileras, quienes se consolidan internacionalmente y se revelan como grandes actores en el sector de las fusiones y adquisiciones. Así encontramos que la minera CVRD (Vale do Rio Doce) incorporó a su portafolio a la canadiense INCO, lo que la convirtió en la segunda firma de importancia en su sector. En cifras, Brasil invirtió 22.800 millones de dólares en el exterior versus los 13. 600 recibidos hasta octubre de 2006.

La dinámica mostrada por su economía contrasta con la enorme desigualdad de su sociedad, en lo que a distribución del ingreso se refiere. “En Brasil un 20% de la población tiene un nivel de bienestar similar al de Canadá, pero el otro 80% vive en condiciones similares a las de Nigeria”, revela la prestigiosa revista británica The Economist.

El Banco Mundial considera que los flujos de capital privado hacia mercados emergentes fueron más altos que los montos revelados por el Informe de la Unctad, pues ascendieron a 500.000 millones de dólares en el 2005. En 1990, cuando comenzaban a aplicarse las reformas que liberalizaron los mercados, la cantidad fue de 85.000 millones de la divisa estadounidense.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y crítico de la liberalización financiera, manifiesta que los beneficios del libre flujo capitales perjudicaron a los países emergentes. La razón que esgrime este académico es que, si bien parecía lógico recibir inversiones para desarrollar el potencial de los mercados emergentes carentes de tasas suficientes de ahorro, para “(…) hacer uso de los ahorros de los países ricos, aumentar sus tasas de inversión y estimular el crecimiento”. La realidad demuestra, a través de una investigación del FMI, que “(…) es difícil encontrar evidencia de que los países que liberaron los flujos de capital hayan experimentado, como resultado, un crecimiento económico sostenido. De hecho, muchos mercados emergentes experimentaron caídas en las tasas de inversión. Tampoco, en promedio, la liberalización de los flujos de capital estabilizó el consumo”.

La forma en que algunos países emergentes han permitido la entrada casi “irrestricta” de capitales fue por medio de acuerdos bilaterales que regulan el tratamiento, no discriminación y protección de la IED en los Estados receptores y de modificaciones legislativas. También se incluyen dentro de la lista los tratados comerciales entre los países emergentes y las naciones más desarrolladas.

De hecho, Argentina registra que la IED creció menor proporción que la economía en general. Así, el monto acumulado de IED representó 30.5% del PBI de ese país en el 2005, cuando un año antes ascendió al 33.1%, es decir, un descenso de 2.6% entre ambos períodos. Puede pensarse que a primera vista que eso es negativo, pero la menor “dependencia de financiación extranjera”, según Rodrik, “hace que a los países emergentes les vaya mejor”. “China, la superestrella del crecimiento mundial, tiene un gigantesco superávit de cuenta corriente, lo que significa que es un prestador neto para el resto del mundo. Entre otros países de alto crecimiento, la cuenta corriente de Vietnam está esencialmente equilibrada y la India sólo tiene un déficit reducido. En América latina, Argentina y Brasil recientemente han experimentado holgados superávit externos. De hecho, su novedosa resistencia a las crisis de los mercados de capital se debe, y no en menor medida, a que se convirtieron en prestadores netos para el resto del mundo, después de años de ser prestatarios netos”, añade Rodrik.

El catedrático explica que “(…) lo que mantiene (relativamente) bajos los niveles de inversión y crecimiento en la mayoría de los países pobres”, se origina en “el lado de la inversión”. “El principal problema parece ser la escasez de capacidad empresarial y la baja predisposición a invertir en plantas y equipamientos -lo que Keynes llamaba "bajos espíritus animales"-, especialmente para mejorar la elaboración de productos que se puedan comercializar en los mercados mundiales. Detrás de esta deficiencia residen varias distorsiones institucionales y de mercado asociadas con las actividades industriales y de otros sectores modernos en contextos de bajos ingresos”.

“Cuando los países sufren una baja demanda de inversiones, la liberación de los ingresos de capital no sirve de mucho. Lo que las empresas en estos países necesitan no es necesariamente más finanzas, sino la expectativa de mayores réditos para sus propietarios. De hecho, los ingresos de capital pueden empeorar las cosas, porque tienen a aumentar el valor de la moneda interna y tornan menos rentable la producción en actividades de exportación, debilitando aún más el incentivo para invertir”.

“En consecuencia, la norma en las economías de mercados emergentes que liberaron los ingresos de capital ha sido una menor inversión en los sectores modernos de la economía y, a la larga, un crecimiento económico más lento (una vez que se extingue el auge del consumo asociado con los ingresos de capital). En cambio, países como China y la India, que evitaron un incremento de los ingresos de capital, lograron mantener monedas internas altamente competitivas y, por lo tanto, mantuvieron alta la rentabilidad y la inversión”.

Rodrik parece recomendar una baja cotización de la moneda local respecto a las a las que dominan las transacciones comerciales mundiales como el dólar dado que la apreciación de la primera resta competitividad a los países emergentes, generalmente exportadores de materias primas. Detrás del crecimiento experimentado por las naciones emergentes más representativas (China e India) se encuentra como común denominador el control de los flujos de capitales y la subvaluación de la divisa local.

Los niveles de IED en el mundo aún están bastante lejos de de los 1.4 billones de dólares a principios de los noventa e inicios de esta década pues no superan por mucho los 900.000 millones de dólares. Esto a pesar de contar con una participación más activa por parte de los fondos de riesgo y de cobertura, entre otros inversionistas de envergadura.

A manera de resumen, se requiere monitorear adecuadamente la IED porque “nada puede matar más efectivamente el crecimiento (actual) que una moneda no competitiva y no hay camino más rápido a la apreciación de la moneda que un incremento de los ingresos de capital”, concluye Rodrik.

Para muchos países que ya liberaron los flujos de capital el riesgo es mayor pues no sólo la IED puede afectar su vigoroso crecimiento, sino el incesante flujo de remesas que remiten los inmigrantes residentes en países desarrollados. Además, algunas actividades ilegales como el narcotráfico y la piratería llenan de dólares las economías emergentes, principalmente por poseer mecanismos más relajados para combatir el dinero ilegal proveniente de actividades ilícitas.

1.2.- Las remesas del exterior

Otro gran componente que explica la solidez de los países emergentes está relacionado con los flujos de remesas que envían los migrantes de países pobres desde el exterior. Aquí cabe destacar que el crecimiento es un fenómeno de alcance mundial y no sólo latinoamericano como podría pensarse originariamente, dada la gran población latina residente en EE UU y en algunos países de Europa como España e Italia.

El monto que se envía desde las economías más desarrolladas por diversos canales supera en muchos casos la IED como es el caso de Ecuador, Honduras, El Salvador, entre otros. En otros casos las remesas constituyen la segunda fuente de divisas de las economías emergentes, por detrás de la IED.

La inyección de las mismas alimenta las economías y dinamizan el consumo interno pues ingresan directamente a los presupuestos familiares. De esa forma se revitaliza una interesante demanda interna que requiere cada vez mejores bienes y servicios. Los gastos de los receptores de las remesas se orientan generalmente hacia la alimentación, educación y la compra de una vivienda propia.

A estos flujos de inversiones, remesas y exportaciones (que generan muchas divisas gracias al elevado precio de las materias primas) hay que sumar las regalías y otros derechos que pagan las empresas que explotan recursos naturales no renovables en los países emergentes porque todos en conjunto permiten que los Estados tengan suficientes recursos para cancelar sus deudas con los organismos financieros internacionales. O que renegocien en mejores condiciones los préstamos ante el Club de París, que reúne a los acreedores públicos de los países en vías de desarrollo.

Volviendo a las remesas, la constante migración de latinoamericanos, africanos y asiáticos, guarda una relación directamente proporcional con el crecimiento de las remesas. En el 2005 se llegó a 55. 000 millones de dólares, según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Se calcular, gracias a informes de la entidad financiera regional, que “unos 28 millones de latinoamericanos residen en el extranjero y que dos tercios de ellos envían regularmente dinero a sus países de origen”. El año 2005 la cifra de remesas alcanzó los 167.000 millones de dólares. Pero hay que tener en cuenta, dice el BID, que muchos giros de dinero llegan por vías irregulares o informales, por lo que esa cantidad puede ser mayor.

El BID destaca que México lidera el rubro de remesas por tener una gran cantidad de migrantes en EE UU, buena parte de ellos ilegales (según las autoridades de inmigración de EE UU, hay cerca de 13 millones de indocumentados en suelo norteamericano, de los cuales el 70% son de nacionalidad mexicana). En Asia destacan la India, China y Filipinas, quienes reciben, en ese orden, las remesas que envían sus connacionales.

Año tras año las remesas siguen aumentando. Si en el 2005 América Latina recibió 55.000 millones de dólares por dicho concepto, en el 2006 fueron 60.000 millones de dólares los percibidos por las familias latinoamericanas. Debido su gran corriente emigratoria, América Latina encabeza la lista de regiones beneficiadas con las remesas durante todo el 2006.

El Banco Mundial (BM) estima que las remesas son responsables del crecimiento de la región en alrededor de 0.25% de su PBI entre 1991 y 2005. También destaca que éstas han contribuido significativamente a reducir la pobreza en 3% (de 28% a 25% en promedio).

1.3.- El financiamiento local

Antes los países emergentes no podían solicitar préstamos en sus monedas en los mercados internacionales, pero ahora están obteniendo financiamiento en sus divisas localmente dado que en sus plazas ahora operan inversionistas institucionales como fondos de pensiones, fondos mutuos, etc. que adquieren la deuda (títulos) que emiten los Estados en su divisa nacional.
Esto es producto del desarrollo de los mercados de capitales locales que han ido creciendo a la par de las economías emergentes. Entre los principales adquirientes de los bonos estatales y certificados se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los bancos, tanto de capitales nacionales como extranjeros. A ello hay que agregar que la creciente acumulación de recursos por parte de las AFP, quienes reciben directamente los aportes de sus trabajadores afiliados, se encuentran constreñidos en las economías locales puesto que hay límites para invertir los fondos de los trabajadores en el extranjero. Así, más del 80% de los recursos se concentran en las acciones que cotizan en las bolsas nativas o en los papeles de deuda del gobierno. De esa forma algunos Estados se aseguran financiamiento por parte de las compras que hacen las AFP, las mayores inversionistas locales en bonos, acciones, etc. y controlan los flujos de dinero.

Cabe destacar si se permite que los recursos que manejan los fondos privados de pensiones puedan invertirse en títulos extranjeros, la moneda local se devaluaría ya que sería cambiada para adquirir dólares, yenes o euros en los que se cotizan los papeles foráneos. Por ello los Bancos Centrales de Reserva de la región no autorizan mayores flujos hacia el extranjero. Lo que les sirve como herramienta para mantener un cierto nivel de inflación e impedir volatilidades cambiaras.

Al respecto, The Wall Street Journal revela que los países emergentes no sólo vuelven a colocar sus bonos en los mercados internacionales tras la crisis financiera que afecto el tipo de cambio de sus monedas e incremento considerablemente sus deudas, sino que “cada vez más se están endeudando en sus propias monedas, lo que debería hacer que sus economías sean más estables”.

Entre los factores que destaca David Wessel, redactor del artículo “Los mercados emergentes cada vez más acuden así mismos para endeudarse”, está la baja inflación promedio de los países en vías de desarrollo. Esto no sólo permite mantener el valor de la moneda en la que se pagará el capital y los intereses, para los tenedores de bonos emitidos en dinero de los países emergentes, sino que reduce el riesgo para los inversionistas ya que antaño “temían que los deudores proclives a la inflación simplemente imprimirían más de su propia moneda si tenían problemas para pagar sus deudas”.

Además, un elemento que ha incrementado el apetito por los títulos de mercados emergentes es la alta rentabilidad que generan respecto a las emisiones de deuda de los países desarrollados que ofrecen menores retornos.

“Otro factor: las economías de los países emergentes son más sólidas. Sus presupuestos fiscales están más equilibrados. Muchos tienen un superávit comercial. Más países tienen tipos de cambio flexibles, lo que reduce su inclinación a crisis económicas. Desde Sudáfrica a Filipinas y México, muchos países emergentes han recomprado deuda denominada en dólares para reemplazarla con bonos en monedas locales. Además, sus empresas son cada vez más exitosas y tienen un mejor manejo de las finanzas globales”.

El artículo da a entender que “el pecado original”, el mal que los economistas Barry Eichengreen, Ricardo Hausmann y Urgo Panizza denominaron a “la incapacidad de los países emergentes de pedir prestado en los mercados internacionales en sus propias monedas” parece haber desaparecido, y con ello, “las crisis de hiperinflación que solían provocar fuertes devaluaciones (…)”.

En la actualidad, la deuda de los gobiernos en sus propias plazas (o mercados emergentes) asciende a “US$ 3,15 billones (un millón de millones), según el Banco Internacional de Pagos, el banco central de los banqueros centrales”. En 1997, cuando se desató la crisis cambiaria, “los gobiernos en los mercados emergentes tenían deudas pendientes por US$ 786.000 millones denominadas en monedas locales”.

El columnista de Wall Street Journal destaca, como se dijo anteriormente, “el auge de los fondos de pensiones, empresas aseguradoras y fondos mutuos en América latina, Europa del Este y Asia” por los bonos emitidos en moneda local.

Así, el papel de los organismos financieros internacionales (FMI y BM) se debilita más cuando los países emergentes tienen más posibilidades de acceder a financiamiento barato (ya que hay gran demanda por los bonos de países en vías de desarrollo en moneda local). Esta fortaleza disminuye la dependencia con los OFI en base a factores estructurales, es decir, a la consolidación de las economías emergentes como generadoras de sus propios recursos y como fuente cada vez más común de IED en diversos mercados.

¿El laicismo es responsable del nazismo?

¿Existe alguna relación o responsabilidad entre en el movimiento secular europeo y el surgimiento del nazismo y del comunismo? Al menos para algunos la respuesta a esa interrogante parece ser afirmativa pues le atribuyen “las consecuencias catastróficas de la Segunda Guerra Mundial” y “las muertes de millones de seres humanos a manos del estalinismo”.

Generalmente esa vinculación ha sido promovida por sectores eclesiásticos para descalificar indebidamente a la corriente de pensamiento que posibilita la defensa y promoción de la libertad en todas sus facetas. La libertad es dañina para la Iglesia como lo es la democracia asentada en ella. ¿La razón? Explicada en un artículo anterior, “es porque en dentro de esa estructura política la gente puede elegir en libertad qué hacer con sus vidas, a quién adorar o no, o a quién amar. Y eso no debería ser posible (piensan en el clero), porque la libertad, así entendida, conlleva aspectos imprevisibles (o relativistas). La noción que manejan, en cambio, es que una entidad superior, como la Iglesia, flanqueada por una arquitectura dogmática, es decir, no cuestionable ni discutible y a la que únicamente se le deba obediencia, debe regular los comportamientos humanos. Eso clausura, de plano, cualquier alternativa de elección”.

Al no encontrar más argumentos, los enemigos de la sociedad secular echan mano de casi cualquier cosa para evidenciar “los males del laicismo”, que de ninguna manera es perfecto, claro está, pero al menos permite correcciones que se adaptan a las necesidades de los tiempos. De ahí que una de sus mayores virtudes sea la flexibilidad con la que puede responder o anticipar las problemáticas sociales, sin excluir o ningunear a ningún grupo.

En cuanto la consideración del secularismo como causa determinante del nazismo y del comunismo hay un gran y evidente error, atribuible quizás al desconocimiento de la historia moderna o de los orígenes económicos, políticos y sociales que posibilitaron el surgimiento de dos de las ideologías más cuestionadas de la historia mundial, y del conflicto que una de ellas provocó, en evidente alusión al nazismo.

Ahora bien, cuando uno estudia los comportamientos sociales de los países del Eje (Alemania, Italia y Japón) observa, naturalmente, una característica: su rápido crecimiento económico y poblacional y la escasez de recursos para satisfacer las apremiantes necesidades de ese crecimiento.

La causa del nazismo no es atribuible entonces una corriente de pensamiento que liberó a gran parte a los estados nacionales modernos de la dominación religiosa, sino a factores relacionados con las urgencias de las naciones desarrolladas de ese momento (por territorios, recursos, autosuficiencia, etc.).

Pero la explicación no queda ahí, porque también contribuyó a ese terrible escenario -donde proliferaron tanto totalitarismos de izquierda como de derecha- una gran crisis económica, la Gran Depresión de 1929, que se extendió con efectos corrosivos por toda Europa, y una noción diferente de desarrollo, es decir, un modelo de expansión distinto al de los países que abrazaban el capitalismo.

Para Estados Unidos, Reino Unido y Francia, las bondades del comercio habían generado bienestar y estabilidad. La fe en la apertura y en el libre intercambio posibilitó en gran medida una sensación positiva en los ciudadanos de aquellos países. Al libre comercio de bienes lo favoreció la disponibilidad de materias primas provenientes de naciones menos desarrolladas. Tanto Francia como Inglaterra, por ser imperios coloniales, tenían fácil acceso a los recursos de sus periferias. En el caso norteamericano, los insumos provenían de países latinoamericanos y asiáticos, fruto del intercambio comercial, de la expansión de las multinacionales de ese país y de la política expansiva de Estados Unidos que le permitió construir una red de países satélites (receptivos a sus inversiones como Cuba, Puerto Rico, Panamá, Filipinas, donde se concentraba el gran capital estadounidense).

Alemania, Italia y Japón, si bien “maduraron” políticamente al mismo tiempo que Estados Unidos (alrededor de 1870, según el historiador Paul Kennedy) siguieron otro camino, en parte porque la situación estructural de sus economías era distinta: no disponían en suficiencia los recursos que EE UU poseía en su territorio (petróleo, carbón, gas, alimentos) y porque adoptaron unas ideologías muy similares (nazismo y fascismo) en respuesta a la amenaza que suponía el comunismo. Además, no hay que olvidar que el modelo que enarbolan era la autosuficiencia económica, principalmente en Alemania, como lo describe muy bien Ludwig Von Mises, economista austriaco del siglo XX, que escribió “Gobierno Omnipotente”, para ilustrar y derribar viejas ideas en torno al auge del nazismo en Europa.

Mises detalla con precisión que la forma en que se había diseñado la economía previa a la guerra (por parte de la República de Weimar) hizo de Alemania una plaza proteccionista que produjo concentraciones en sus industrias (cárteles y oligopolios), monopolios públicos y mayores precios para los consumidores. La rígida legislación laboral germana restó competitividad a sus fábricas, lo que redundó en un mayor proteccionismo en aras de resguardar los puestos de trabajo de las precarias industrias alemanas.

El gran economista austriaco responsabiliza a los cárteles (oligopolios), el nacionalismo beligerante y la guerra de la inflación, la caída del producto y el auge del nazismo, es decir, una fatal combinación de los postulados intervencionistas propios del socialismo y del nacionalismo económico.

De ahí que, tanto “el nacionalismo agresivo como el imperialismo alemán”, hayan sido los principales factores que llevaron al mundo a la Primera Guerra Mundial en palabras de Von Mises.

El defensor del modelo proteccionista alemán fue Adolf Wagner como lo indica Von Mises. Wagner defendía la idea de que cualquier país que exportara materias primas y alimentos desarrollaría tarde o temprano sus industrias nacionales. Esta predica se apoyaba en los postulados teóricos de List, quien años antes estableció que la mejor forma de desarrollar una industria nacional era colocando trabas a las importaciones extranjeras. El resultado fue proteger a las incipientes industrias locales. En la práctica, ese tipo de medidas restaba competitividad a los mercados porque eliminaba la competencia extranjera (las importaciones) y la producción nacional se vuelve de menor calidad por tener un mercado cautivo. Quien pierde en esas condiciones era el consumidor local ya que no podía diversificar su consumo ni demandar eficiencia a los ofertantes.

Por ese tiempo era muy popular el discurso de la autosuficiencia económica. Incluso se pensaba que si un país llegaba a no depender o confiar en el libre intercambio iba a limitar la posibilidad de una guerra a gran escala, ya que las naciones superpobladas que no fueran capaces de alimentar a sus habitantes con productos alimentarios y materias primas no tendrían más remedio que morirse de hambre, a no ser que, según el propio Wagner, emprendieran una guerra por el llamado “espacio vital” (lebensraum).

De otro lado, Sam Harris, investigador de la fe y la credulidad, publicó un libro titulado “The end of the faith” (El fin de la fe), en esa obra explica, entre muchas otras cosas, que el fundamentalismo religioso que en la actualidad se niega a perder protagonismo social, ha sido responsable de muchas de las injusticias y de la mayor violencia registrada. En resumidas cuentas nos dice que no hay que olvidar que en la raíz de muchos males se halla la religión. También cuestiona que muchas políticas estén predeterminadas (como las investigaciones con células madre o el matrimonio homosexual) por creencias religiosas. De igual modo se refiere a las convicciones religiosas de George W. Bush –apelando a la divinidad- para justificar sus iniciativas bélicas o cualquier otra empresa legal, que tiende, por lo general, a afectar otras libertades y derechos.

Harris descubre un lugar muy común al que recurren los críticos de la sociedad abierta: la vinculación del nazismo o el estalinismo como ejemplos de lo que pasa cuando se intenta suprimir la religión, es decir, cuando una “elite atea” se enquista en el poder. Evidentemente, la validez de ese tipo de racionamientos es falsa por donde se lo mire. Ni los gulags o los campos de extermino son fruto del triunfo secular, sino de otra clase de corriente, esto es, de una ideología política que no guarda ninguna relación la sociedad abierta conceptualizada por Bergson, que en su libro “Las dos fuentes de la moral y la religión”, es la única capaz de respetar los derechos humanos y las libertades del individuo.

Siguiendo a Sir Karl Popper, quien complementó esta noción, en “La sociedad abierta y sus enemigos”, tanto el comunismo como el fascismo eran dogmas (ideologías abstractas y universales), que pretendían poseer la verdad absoluta sobre la forma de organizar la sociedad (el trabajo, la economía, las leyes, etc.). Además, lo que las diferenciaba de una sociedad abierta era justamente la represión que empleaban para alcanzar sus objetivos (copiando a las intolerantes sociedades religiosas).

En “The end of the faith”, Harris explica que Auschwitz no fue producto del ateísmo, sino de una corriente irracional como la mayoría de las ideologías religiosas. En concreto, Harris postula que el nazismo y el comunismo estalinista eran religiones políticas. Así, ninguna de las sociedades mencionadas son ejemplos de sociedades razonables.

Chile ahorra los excesos de los commodities

15.5.07

http://www.lanacion .com.ar/wsj/ nota.asp? nota_id=908512

Gracias al auge de los precios del cobre, Chile está inundado de efectivo. Sin embargo, eso puede ser un gran problema. La abundancia de recursos naturales ha doblegado a naciones inestables en Medio Oriente y Africa por culpa de la corrupción y las guerras. Incluso los países ricos se ven en problemas cuando pasan por olas alcistas en los bienes básicos. Esto puede revaluar las monedas locales, perjudicar a las empresas exportadoras y generar derroches insostenibles en las importaciones.

La economía holandesa se estancó después de que se descubrieran depósitos submarinos de gas natural cerca de sus costas en los años 60, constituyendo un caso muy estudiado por los economistas. Actualmente, Venezuela y otros países petroleros que disfrutan de auges de consumo impulsados por el alza en los precios del crudo son vulnerables a la \"enfermedad holandesa\", especialmente si los precios del petróleo bajan. Chile está tratando de vacunarse. En esencia, el gobierno está ahorrando lo que considera como ganancias inesperadas de su cuprífera estatal y los impuestos inesperados de sus minas privadas. El dinero recaudado lo invierte en el exterior en instrumentos de renta fija y ahora también está considerando comprar fondos especializados en acciones internacionales. Cuando la economía chilena se debilite, el gobierno podrá recurrir al \"fondo de estabilizació n económica y social\" para obtener ingresos. \"La pregunta que acosa a Latinoamérica y otros mercados emergentes es la siguiente: ¿cómo se evitan las subidas y bajadas en los ciclos de las commodities? \", dice el ministro de hacienda de Chile, Andrés Velasco. \"En Chile tenemos una respuesta fácil: gastar lo que es permanente y ahorrar lo que es transitorio. \" Hasta ahora, Chile ha ahorrado US$ 6000 millones y espera agregar otros US$ 6000 millones para finales del año a su fondo de estabilizació n, un total que equivale al 10% del PIB del país. Se trata de un enorme logro político. Cuesta imaginar que Estados Unidos destine US$ 1 billón, equivalente a un 10% de su PIB, en un fondo de estabilizació n que invierte los recursos en bonos y acciones de otros países. Sería una tarea casi imposible, tomando en cuenta las presiones en el Congreso para elevar el gasto o reducir impuestos.


El modelo noruego

En 1990, Noruega, un país rico en petróleo, empezó un fondo de estabilizació n que ahora tiene una cartera de inversiones de US$ 300.000 millones, una suma asombrosa para un país de 4,6 millones de habitantes. Chile imitó el modelo noruego, pero el fondo no empezó a acumular activos hasta en los últimos años, cuando los precios del cobre se han triplicado a más de US$ 3 la libra desde 2004. Esta política supone un mayor sacrificio para Chile, donde el ingreso per cápita en 2005 era de US$ 7100, aproximadamente una séptima parte del de Noruega.

Aunque Chile se considera un ejemplo de éxito según los estándares latinoamericanos —ha crecido a una tasa anual promedio del 5,5% desde 1990—, el país sufre complejos problemas internos como la profunda brecha entre ricos y pobres, un sistema educativo deficiente y una infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras inadecuada. Ahorrar tanto dinero \"es un crimen\", dice el senador chileno Fernando Flores, que fue Ministro de Hacienda durante el gobierno marxista de Salvador Allende y después acumuló una fortuna en el sector del software en California. \"Necesitamos un modelo de inversión y educación para crear nuevas industrias\" , insiste.

Pero las autoridades chilenas dicen que es muy importante limitar el efecto del auge del cobre para evitar que el país dependa demasiado de recursos que pueden desaparecer rápidamente, creando déficits de presupuesto. El gobierno aspira a un superávit fiscal de cerca del 1% anual y calcula la proyección de sus ingresos mediante un pronóstico del precio promedio del cobre en la próxima década. Cuando el precio actual se dispara por encima del pronóstico de largo plazo, como ha ocurrido en los últimos años, el gobierno logra un superávit superior al 1% y canaliza los excedentes al fondo de estabilizació n, que a su vez invierte el dinero en el exterior. Una de las metas de esta estricta política fiscal es reducir la apreciación del peso, que durante décadas ha subido al mismo ritmo que los precios del cobre. Un peso más fuerte incrementa el precio de exportación del vino, productos de madera, frutas y vegetales chilenos, y les restan competitividad a nivel internacional. El Ministerio de Hacienda dice que sus políticas de estabilizació n han sido exitosas.

Al descontar la inflación, el peso se negocia actualmente alrededor de su nivel promedio de los últimos 20 años. Sin embargo, algunos exportadores están menos impresionados. Desde mediados de 2003, el peso chileno se ha apreciado cerca de 25% frente al dólar, después de considerar la inflación. \"Con el peso en ese nivel, muchas empresas exportadoras registran márgenes bajos\", lamenta Recaredo Ossa, director de Viña Veramonte S.A., un importante productor de Casablanca, una región cerca de Santiago que concentra a varias viñas. Un funcionario del Ministerio de Hacienda dice que el tipo de cambio se habría disparado sin la política de estabilizació n. \"Si nos gastamos todo el dinero en consumo, no nos quedará nada\", señala Alvaro Saieh, presidente de la junta directiva de Corp Group, un grupo financiero chileno. \"Estamos poniendo el capital a salvo.\"


Por Bob Davis
The Wall Street Journal

Brasil rompe patente de fármaco contra el Sida

7.5.07

La decisión del presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva de desconocer la patente del principal fármaco contra el Sida (propiedad del laboratorio estadounidense Merck) que se comercializa en ese país establece un nuevo hito en las relaciones entre los Estados en vías de desarrollo y las multinacionales occidentales.

Alabada por muchos y cuestionada por otros, la medida ha caído como balde de agua fría para las farmacéuticas que desarrollan medicamentos de gran demanda en la mayoría de países del Tercer Mundo.

La determinación de Brasil, siendo la décima economía del mundo (según la nueva metodología implementada por su ministerio de Hacienda para calcular el Producto Bruto Interno), abre la posibilidad de que naciones menos ricas (de Africa, Asia o Latinoamérica) sigan el mismo camino en aras de atender las necesidades sanitarias de sus poblaciones.

En la raíz del asunto está si los países como Brasil, afectados por diversas enfermedades de transmisión sexual, pueden recurrir unilateralmente a este tipo de medidas, es decir, a desconocer indefinidamente los derechos de propiedad intelectual.

La respuesta a la interrogante planteada parece ser positiva toda vez que durante las rondas de Doha de 2001, se autorizó a los Estados a producir como genéricos los medicamentos protegidos por patentes gracias a una “licencia obligatoria”. Esta resolución de la OMC permite, desde hace 6 años, producir fármacos en caso de emergencia nacional, esto es, de una catástrofe sanitaria.

Pero a pesar de que comercialmente estaba permitido, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC jamás se llevó a la práctica -hasta la decisión brasilera-, debido a la rotunda negativa de los laboratorios a desprenderse de las lucrativas licencias sobre sus medicamentos. Para evitar la “liberalización de las patentes” las industrias se vieron obligadas a negociar individualmente con los países con el fin de obstaculizar la implementación del acuerdo de 2001.

Aunque el Acuerdo mencionado no dice nada sobre la importación de medicinas protegidas por licencias de patentes, es posible interpretar, por las razones humanitarias en las que está inspirado, que, ante una profunda crisis sanitaria, la importación de dichas medicinas -mientras el país no sea capaz de producirlas localmente-, debe contar con la facultad de importarlas toda vez que su demanda no puede quedar desatendida (pues existen bienes fundamentales en juego como la salud). Se entiende que las graves urgencias provocan que, por cierto tiempo, hasta que se constituya una industria nacional de genéricos, la importación debe ser legal, es decir, estar contemplada dentro de la regla que concede las “licencias obligatorias”. A modo de ejemplo, en Africa, donde el Sida llega a niveles alarmantes (se calcula unos 30 millones de infectados), muchos de los países del continente africano no cuentan con la tecnología ni los capitales para montar una industria de genéricos, de ahí que requieran importarlos por un buen tiempo.

En concreto el artículo 31 letra f) del ADPIC permite el uso de la licencia obligatoria en situaciones de extrema urgencia o de emergencia nacional. En ese sentido, la Unión Europea (UE) entiende que es aplicable “(…) para el sida, la tuberculosis y la malaria, y, en ciertos casos, para otras situaciones o enfermedades”. “El hecho de que en algunos casos se deban expedir dos licencias obligatorias no debería en sí representar un problema. Esencialmente, es una cuestión de correspondencia y coordinación entre los procedimientos de los países productores y los países importadores”, refiere el comunicado de prensa de la UE acerca de la vigencia del Acuerdo sobre medicamentos genéricos.

Algunos interpretan el Acuerdo en un sentido contrario al manifestar que para aplicar la licencia obligatoria el país debe estar en capacidad de abastecer su mercado interno, con lo cual no podría otorgar dos licencias obligatorias (una de producción local y otra de importación). Pero como la disposición de la OMC no regula la importación, no hay motivo para prohibirla dado que puede ser necesaria por lo mencionado en los párrafos anteriores.

También podría estar permitido el supuesto en que un país, que ya posee una industria de genéricos, resuelva importar medicamentos de un tercero por fabricarlos a un menor costo que su industria local. Esto sería posible porque en principio un precio más alto siempre representa un obstáculo para satisfacer adecuadamente la demanda de pacientes infectados con Sida, sobre todo en países extremadamente pobres. Aquí hay que volver a tener en cuenta que la razón para desconocer los de derechos de los productores farmacéuticos se origina en motivaciones de índole humanitaria, por ello, al momento de aplicar las reglas del Acuerdo deben primar las necesidades sanitarias de los países afectados por encima de los derechos de exclusividad comercial de la industria.

Luego de la adopción del Acuerdo podría pensarse que los laboratorios quedan totalmente desprotegidos (aunque por sea buenas razones), pero no es así. Ya que habrá de todos modos una regalía que pagar en función del valor económico del medicamento en el país importador. Tailandia aplica por ejemplo una compensación de 0.5% de las ventas de los fármacos que son producidos en su territorio.

De otro lado, como resultado de las tratativas entre las farmacéuticas y los Estados se redujo el precio de los medicamentos (antirretrovirales) significativamente. Además se garantizó el monopolio de los laboratorios a través de acuerdos con las industrias químicas locales, quienes los fabricaban a bajo costo, lo que impedía el acceso de medicinas genéricas producidas en terceros países.

En cierto modo, el anuncio brasilero, con el que ahorrará unos 30 millones de dólares anuales, no cae por sorpresa en la industria puesto que en el pasado había Brasil amenazado con suspender la licencia de dos medicamentos insignia de los laboratorios Roche y Abbot, Nelnfinavir y Kaletra, respectivamente, por similares motivos. En aquella oportunidad las presiones del Gobierno de Lula posibilitaron la reducción del precio de un conjunto de medicinas contra el Sida.

Ahora, el pequeño monto que asigna Brasil a la salud por habitante (597 dólares en el 2003, según la OMS) y las enormes desigualdades sociales (acrecentadas por las crisis sociales que se traducen en magros ingresos per capita) hacen que Brasil adopte políticas radicales amparadas en autorizaciones del ente rector del comercio mundial (OMC).

En materia de salud el Banco Mundial (BM) ha señalado que el incremento del gasto en ese componente deteriora la condición de las familias más pobres. El estudio del Banco, titulado “Beyond Survival: Protecting Households from Health Shocks in Latin America” (Más allá de la supervivencia: proteger a los hogares contra crisis de salud en América Latina), revela que la deficiente cobertura sanitaria estatal obliga a los individuos (generalmente de menores ingresos) a recurrir a sistemas de salud privados donde el costo por atención médica es sensiblemente mayor. Como la salud es un factor que no se puede desatender, el desembolso en medicinas y tratamientos resulta imperioso, lo cual disminuye o posterga la capacidad de gasto en otras áreas como la educación, por ejemplo.

En América Latina el gasto en salud ronda el 6.4% del PNB (Producto Nacional Bruto), en Brasil llega al 7.6% (OMS). La asignación regional según el informe del BM está sólo por debajo de Europa, pero no llega a cubrir las necesidades más urgentes del sector.

Pese al énfasis de los regímenes en la salud, las políticas sectoriales no han producido resultados alentadores en el área. Tal vez haga falta implementar un programa preventivo como el que desarrolla Tailandia pues el país asiático, aquejado también por la propagación del Sida, ha reducido significativamente el número de infectados con dicho mal gracias a planes preventivos. El BM destaca constantemente la labor realizada por Bangkok ya que su plan no sólo contempla distribuir medicamentos gratuitos entre la población afectada, sino ejecutar campañas de prevención gracias “a una amplia red de hospitales a nivel de distrito, de consultorios de salud rurales con capacidad brindar tratamiento generalizado y una sólida comunidad de ONG que ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno para ejecutar el programa”, concluye el informe del la institución financiera llamado "The Economics of Effective AIDS Treatment: Evaluating Policy Options for Thailand" (La economía de un tratamiento efectivo contra el SIDA: evaluación de las opciones de políticas públicas para Tailandia).

El resultado de ambas medidas ha generado una asignación mucho más eficiente del gasto, que ha llevado al país a invertir mayores recursos por habitante. El buen desempeño tailandés es digno de imitarse pero para conseguir sus metas se amparó en “una de las flexibilidades que ofrece la ADPIC para otorgar licencias compulsivas respecto de productos amparados bajo patentes farmacéuticas. El producto afectado, como en el caso brasilero, resultó ser el Efavirenz, utilizado para tratar el Sida o VIH, y cuya patente se encuentra registrada a nombre de la empresa farmacéutica internacional Merck”, manifiesta el investigador chileno Rafael Pastor Besoain.

Hay que dejar en claro que “sin las eficaces campañas de prevención de este tipo efectuadas en años anteriores, Tailandia habría tenido 7,7 millones de casos de VIH y 850.000 casos de SIDA en 2005, cerca de 14 veces más de los que tiene hoy día”, reporta el estudio del BM.

Brasil y Tailandia fabrican la mayoría de medicamentos contra el Sida localmente gracias a licencias otorgadas a sus laboratorios. El estimado de infectados en ambos casos es similar si son comparados con el total de su población (menos del 1% en los dos países). Además han logrado una cobertura muy cercana: un 90% para Tailandia y un 80% para Brasil. Pero se diferencian en la manera en la que han encarado la contención del VIH. Mientras Tailandia se aboca a las tareas de prevención (sin descuidar las terapias con antirretrovirales, por su puesto); Brasil apuesta por la distribución gratuita y universal de tratamientos retrovirales a toda la población infectada.

El acceso a los medicamentos mediante el desconocimiento de las patentes puede desincentivar a las farmacéuticas como Merck a invertir en medicamentos contra el Sida y otras enfermedades comunes en los países del Tercer Mundo. De hecho Merck ya se ha pronunciado al respecto al señalar que la medida del Gobierno brasilero “podría frenar su interés por la investigación de enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo”.

Aquí naturalmente rivalizan dos distintos tipos de interés. Del lado estatal, de Brasil, prima naturalmente el bien común, en este caso, la salud de sus habitantes. En cambio, por el lado de las industrias farmacéuticas, el espíritu de lucro orienta en gran medida sus desarrollos e investigaciones científicas.

Hasta donde se tiene conocimiento Brasil no discute el derecho de los laboratorios a defender sus patentes pues reconocen que deben estar protegidas, pero lo violan para atender a su población. El caso le permite a Brasil reducir sus gastos de 1.59 dólares por comprimido de Efavirenz a 0.45 dólares al importarlos de la India, según revela el diario El País.

El dilema, si bien puede ubicarse dentro de la comercialización ilegal de medicamentos, no llega a calzar con los requisitos de dicho comercio pues el Estado (brasilero) no persigue ganancias, sino atender las necesidades elementales de sus habitantes. Otra diferencia notable con la venta de medicinas falsificadas (25% del total de fármacos se consumen en los países en vías de desarrollo según la OMS) es que la producción de genéricos contra el Sida no se realiza inescrupulosamente.

Al desconocer Brasil los derechos de propiedad sobre los medicamentos retrovirales estaría legalizando un tipo piratería. Lo que abre la puerta a que se ponga en tela de juicio la validez y eficacia del sistema que protege a las patentes. Esto daría pie a que algunas industrias ilegales tiendan a formalizarse por medio de la iniciativa estatal.

Si bien la determinación de Lula puede afectar los resultados económicos de las trasnacionales occidentales, concretamente, sus ingresos, encarecimiento de su financiamiento y menor cotización de sus acciones en la bolsa, la medida es insignificante si se la compara con las severas distorsiones al comercio mundial que provocan las economías occidentales. Al respecto, tanto el FMI como el BM han advertido en un comunicado conjunto que las “(…) distorsiones al comercio que perjudican a los consumidores de todo el mundo y a una gran cantidad de pobres de los países en desarrollo que se ganan la vida gracias a la agricultura”.

Desde punto de vista la resolución brasilera no reviste malicia, lo que no podría decirse en el caso de Estados Unidos, Europa y Japón al perjudicar con sus onerosos subsidios a la población más vulnerable de las naciones en desarrollo.

A medida que aumenta la cantidad de infectados, en muchos países la cobertura con retrovirales resulta ser insatisfactoria por lo que el ejemplo brasilero no tardará en imitarse y convertirse en regla pues “en América Latina hay un 50% de cobertura de las personas que necesitan tratamiento, África no llega al 4% y Asia está entre el 7% y 8%”, así lo revela Txema Calleja, epidemiólogo y parte del equipo de la Unidad VIH/SIDA de la ONU.

La crisis política israelí: piden la renuncia de Olmert

3.5.07

Si hay algo destacable de la clase política israelí es la capacidad de censurar su primer ministro por los errores cometidos durante el conflicto en el Líbano. Es decir, de atribuir responsabilidades al jefe de gobierno y llevar hasta las últimas consencuencias las investigaciones sobre el desempeño de la dirigencia de ese país.

Tras el informe de la Comisión Winograd, un grupo independiente presido por el juez retirado Eliyahu Winograd, que atribuye al primer ministro la pésima planificación militar contra Hezbollah (partido y milicia chií del país de los cedros), las conclusiones enérgicas del mismo han arrinconado a Ehud Olmert y desatado una crisis política sin precedentes puesto que varios miembros de su partido han exigido públicamente su renuncia.

En el caso norteamericano, si cabe algún paralelo, las acusaciones sobre el desastre de la ocupación iraquí no pretenden llegar tan lejos toda vez que el Capitolio, de mayoría demócrata, respetará lo que queda del mandato del presidente Bush con el fin de que su imagen quede asociada a la penosa invasión de mayo de 2003. Hay que tener en cuenta que el próximo año se celebrarán elecciones presidenciales en EE UU y el tema de la guerra en Iraq es una “papa caliente” que nadie desea agarrar, de ahí que la estrategia de la oposición demócrata consista en vincular única y exclusivamente a los republicanos con esta.

Las críticas sobre Ehud Olmert revelan cierta madurez de la dirigencia israelí, pero también mucho oportunismo a la hora de hacer leña del árbol caído. Siendo Olmert una figura muy impopular (no sólo por la irresponsable intervención militar, sino por los graves cargos de corrupción que han afectado la composición de su Gabinete), la decisión de atacarlo -inclusive por parte de miembros de su propio partido- no es antojadiza, ya que brinda sustanciosos réditos políticos.

Si bien a primera vista la deserción del ministro laborista, Eitan Cabel, y los llamamientos a la dimisión del líder de la ministra de asuntos Exteriores, Tzipi Livni, podrían calificarse de infraternas, debe pensarse que algunos correligionarios de Olmert tienen serias aspiraciones políticas. Por ello les resulta imperioso desmarcarse de su gestión, en particular del amargo período de julio y agosto de 2006 en los que se produjo la controversial ocupación del Líbano.

Para la oposición en el Kneset, el Parlamento israelí, la pésima performance de Olmert en el planeamiento de la guerra contra Hezbollah, guerrilla extremista libanesa, significa una gran oportunidad para recuperar algo de la popularidad perdida a manos de la alianza de partidos liderada Kadima (formado por el ex primer ministro Ariel Sharon, Olmert y Tzipi Livni provenientes del derechista Likud).

Para no perder tiempo y aprovechar la crisis gubernamental, representantes de la oposición están explorando mociones de censura y formas de adelantar las elecciones. A la cabeza de estas iniciativas se coloca Benjamin Netanyahu, ex primer ministro israelí y líder del principal partido opositor, quien ha señalado que “hay que convocar al pueblo” porque "no hay un liderazgo responsable y sensato". Algunos sondeos le señalan como favorito para sustituir a Olmert si se anticiparan las elecciones.

Entre las opciones que se barajan para resolver la crisis, que será resistida sin ninguna duda por la oposición, es la de aceptar la renuncia de Olmert y no convocar a elecciones, “en cuyo caso la presidenta Dalia Itzik tendría que consultar con el Parlamento para designar a uno los legisladores actuales, presumiblemente uno del Partido Kadima, para conformar al próximo ejecutivo”, así lo revela The New York Times.

Para el diario neoyorquino de todas maneras habrá elección, al menos una de corte interno en el Kadima para escoger al siguiente primer ministro de Israel. Entre los nombres más voceados para suceder a Olmert se encuentra la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, y un líder histórico como Shimon Peres, entre otros.

A pesar de la dureza de los resultados que arroja la investigación de la Comisión Winograd, que califica a Olmert de imprudente por no contar con el juicio ni la preparación necesaria para iniciar la guerra, los representantes de su partido en el Parlamento le sostienen y se cree que las mociones de censura no prosperarán toda vez que la coalición de 78 legisladores se mantiene intacta, revelan algunas agencias noticiosas.

Pero el clamor popular (más de dos tercios de israelíes demandan su renuncia, según Haaretz) sumado a la contundencia del informe y las maniobras de los rivales pueden generar la suficiente presión como para conseguir la tan ansiada dimisión de Olmert.

Si Olmert deja el Ejecutivo en estos momentos la indefinición del problema palestino continuará, así como otros aspectos de la política exterior israelí. No será nada alentadora su renuncia si es que no se vislumbran cambios significativos en la conducción política de Tel Aviv.

Tal vez la lección más clara de este acontecimiento sea la disposición del propio Gobierno de permitir investigaciones sobre su desempeño en el manejo de la guerra. También puede agregarse, de cara al futuro, que cualquier jefe de Gobierno que desee profundizar un conflicto exterior deberá contar con mayores elementos de análisis y sopesar adecuadamente los riesgos.
Involucrar a Israel en nuevas guerras no será tan fácil puesto que esta vez sí habrá consencuencias que pagar, al menos en el terreno político.

El daño causado por la mal calibrada operación en el Líbano costó no sólo la vida de cientos de militares y civiles israelíes (117 y 41, respectivamente), sino también la reputación del país en materia de derechos humanos y afectó la disuasión militar de Israel. Dado el nivel de preparación de sus efectivos y su superioridad tecnológica, no conseguir los objetivos políticos deseados genera una mala imagen e incentiva a varios grupos radicales a emprender mayores ofensivas en el futuro.

El saber que Israel no pudo derrotar al brazo armado de Hezbollah puede hacer perdurar demasiado el actual escenario en Palestina donde Hamas y otras facciones fundamentalistas encuentran motivos de sobra para prolongar su fanatismo (pues consideran que Israel no puede acabar con ellos), lo que deja espacio para su resistencia.

Verdaderamente fue un costo demasiado grande pues ninguno de los objetivos se cumplió, ni desarticular a Hezbollah ni rescatar a los dos soldados capturados por los partidarios de Hassan Nasrallah, líder del Hezbollah libanés. El fracaso obligó al Jefe de Estado Mayor, Dan Halutz, a renunciar en su momento. Y ahora pende el mismo destino para Ehud Olmert y su ministro de Defensa, Amir Peretz, otro de los principales responsables que según la Comisión Winograd "perjudicó la capacidad de Israel para lograr sus objetivos".

Ahora, si la opción de Olmert es resistir como lo hizo al mantener imprudentemente a sus tropas en el Líbano, el resultado no será muy distinto al que le deparó su irreflexiva intervención militar. Pese al apoyo momentáneo de los 19 legisladores de su bancada y de los miembros de su coalición partidaria, la arremetida mediática puede ser suficiente para forzar su retiro.

Olmert puede decir en su favor que contó con la aprobación unánime de su Gabinete al momento de intensificar las acciones contra Hezbollah, pero puede no ser suficiente ahora para paliar la crisis.

Para los grupos palestinos contrarios al reconocimiento de Israel, la incertidumbre israelí alivia sus propósitos en el mediano plazo ya que saben que su enemigo no podrá realizar ninguna operación de gran envergadura en los territorios palestinos. De momento el Gobierno no tiene margen para incursionar masivamente en Gaza o Cisjordania porque reviviría los temores del Líbano y perjudicaría los pocos consensos alcanzados en el proceso de paz.

El propio Olmert descartó hace dos semanas autorizar una operación militar en la franja de Gaza con la intención de poner fin al lanzamiento de cohetes Kassam por parte de las milicias palestinas, a pesar de que Hamás lanzara decenas de cohetes y proyectiles por primera vez en cinco meses, contra suelo israelí, según la agencia DPA.

Mientras miles de israelíes insatisfechos se congregan la Plaza Rabin en Tel Aviv para solicitar la renuncia del primer ministro, lo aconsejable sería permitir una transición rápida y transparente porque de lo contrario; lo que acuerde el Ejecutivo en el plano internacional “carecerá de legitimidad en eventuales negociaciones en la región”, según la BBC.

Un punto fundamental, luego de conocer el estudio de la Comisión Winograd, es saber quién llevará a cabo todas las recomendaciones que propone. Para los integrantes de la Comisión está claro que no puede ser el actual primer ministro (aunque no sugiera nuevas elecciones), dado que enumera una serie de defectos personales de Ehud Olmert (políticos e intelectuales), que lo descalifican para continuar en el cargo. El lapidario informe prácticamente revela que Olmert es incapaz de proseguir en el poder de la primera potencia de Cercano Oriente. De ahí que sólo sea aceptable su renuncia.

El problema que surge ahora es que la necedad de Olmert puede incentivar las candidaturas de sus rivales del Likud, en especial de Benjamin Netanyahu. De persistir en su posición es probable que el malestar del electorado se extienda a los demás integrantes de su coalición, quienes ante la pérdida de popularidad podrían retirar su apoyo a Olmert en aras de preservar su mayoría parlamentaria.

Lo que está por verse será si la coalición está dispuesta a arriesgar su capital político para salvar a su primer ministro. Las renuncias del Jefe de Estado Mayor y del laborista Cabel no serán suficientes para calmar los ánimos. Por ello es imprescindible adoptar una transición responsable y encontrar alternativas dentro del propio Kadima (entre Shimon Peres o Tzipi Livni) porque llegar a unas nuevas elecciones en las que resulte ganador Netanyahu no es ninguna opción, al menos no una razonable.

EE UU, Rusia y los temores de la Guerra Fría

29.4.07

Hay quienes creen que al no estar lista Rusia para la democracia debe apostar primero por afianzar las instituciones del Estado, concretamente, las del ejecutivo, para luego dar sucesivos pasos hacia la apertura política. La presencia de un ex agente de la KGB en el poder corrobora en buena medida la forma en que las élites nacionalistas han programado avanzar hacia las siguientes etapas.

Para fortalecer al Estado ruso, los hombres duros del Kremlin resolvieron concentrar la riqueza petrolera y de gas del país en manos de empresas estatales. Esto se hizo no sólo por razones financieras ya que aportan grandes cantidades de dinero al tesoro ruso, sino porque la propiedad pública de las mismas, con sus cuantiosos recursos, se convierten en eficaces herramientas de presión de su política exterior pues con ello regulan el crecimiento de varios países europeos.

Resultaba entonces esencial controlar el sector energético ya que si la principal amenaza de la Unión Soviética para Occidente radicaba en sus armas; la de la Federación Rusa en el suministro de su gas y su petróleo.

También era fundamental consolidar ese tipo de monopolio para impedir que agentes privados desestabilicen el sistema, generando mayor corrupción y presión sobre la política. Al alejar la participación de los privados, priva, valga la redundancia, a terceros en el manejo o injerencia de la “cosa pública”.

El inconveniente o crítica que podría hacerse es que la creación de grandes compañías de gas y petróleo puede utilizarse para impulsar medidas populistas o favorecer los particulares intereses de los jerarcas rusos, sobre todo en tiempos de baja popularidad o crisis económicas.

Luego de afianzar el sector energético, con lo que gana también participación en la dinámica de la economía rusa, Vladimir Putin se dispone a asegurar la línea de conducción política que estableció al arribar a la presidencia. Ese es, de momento, su principal objetivo. Aunque no se puede ignorar que las relaciones internacionales de Rusia con Occidente, en particular con los Estados Unidos, representa una gran preocupación.

A manera de resumen, durante los últimos años “las autoridades estadounidenses han acusado al Gobierno de Putin de imponer un nuevo autoritarismo en el país y emplear sus recursos energéticos como armas de diplomacia coactiva. Por su parte, las autoridades rusas acusan al Gobierno de Bush de fomentar el malestar en varias ex repúblicas soviéticas y de llevar a cabo una política exterior arrogante y desestabilizadora”, indica Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, una consultora de riesgos políticos.

En la actualidad, el impase de las potencias sobre el escudo antimisiles se ha revelado como uno de los principales problemas que enturbia el panorama mundial. El temor de que se desate una carrera armamentista revive viejos miedos heredados de las peores épocas de la Guerra Fría. Esta vez, a diferencia de ocurrido entre 1950 y 1990, las razones por las que se rearman los países no radica en que uno represente un peligro inminente para el otro, sino en el creciente militarismo de algunas naciones no desarrolladas que desafían el orden internacional con sus pretensiones nucleares.

El temor a la proliferación nuclear es el hecho que alarma como ningún otro en primer lugar. Evidentemente, a ello hay que sumar el aumento de los presupuestos de defensa que han sobrepasado las asignaciones de hace unas décadas. El gasto estadounidense parecerá en todos los casos abrumador porque tiene más “intereses” que proteger (además de haber recibido varios ataques) y porque su crecimiento económico ha sido muy superior al de Rusia, sobre todo en los últimos dieciséis años (que correspondieron a la caída de la Unión Soviética), y al trepidante progreso que significó la apertura de mercados para las empresas norteamericanas durante la presidencia de Bill Clinton.

Lo llamativo es que las amenazas aludidas han sido incentivadas por la política interventora y desbocada de uno de los actores de la Guerra Fría: EE UU. Por ello no le falta razón a Putin cuando señaló en la Conferencia de Seguridad de Munich que EE UU “ha estimulado esas peligrosas tendencias”.

Tampoco ayuda a aminorar los ánimos incluir a Rusia y China como potenciales enemigos de EE UU en un futuro, tal como lo manifiesta Mijail Gorbachev, ex líder de la Unión Soviética. “La inclusión de Rusia fue un lapsus freudiano, que revela una predisposición que no ha cambiado a pesar del fin de la Guerra Fría. China fue mencionada en la misma oración. Es evidente que algunos políticos estadounidenses también toman en cuenta a China en términos de enfrentamiento más que de interacción constructiva”, concluye Gorbachev.

Convertir a Rusia en el viejo “cuco” puede ser peligroso, si es que ese es el tipo de discurso que planea poner en práctica la Casa Blanca. Como el guión de los “peligros del terrorismo internacional” no dio sus frutos o no es suficiente para garantizar los objetivos políticos de los neoconservadores (como justificar su presencia en el poder recurriendo a la creación de amenazas externas), al buscarse un pleito con Rusia al instalar bases de misiles interceptores y radares en países del ex bloque soviético, se trataría de revivir viejos temores que conocen los norteamericanos.

A la luz de los acontecimientos parecería que EE UU crea a sus propios enemigos. Es como si buscara probarse algo, y ante la falta de desafíos que significó la debacle de la URSS, la irrupción del fundamentalismo islámico pareció ser la solución. Esa visión de las cosas corresponde al menos a la de un sector del escenario político estadounidense.

Antes era el peligro del comunismo soviético y ahora la amenaza del “terrorismo islámico”. Podemos afirmar que si no se hubiese producido el atentado en el World Trade Center y en el Pentágono, el liderazgo republicano seguramente deambularía y buscaría con quién confrontar nuevamente a los EE UU. Su existencia, la de los neocons, depende en gran medida de los antagonismos son capaces de crear o inventar, como fue el caso de Saddam Hussein, de quien se dijo que era líder del “cuarto ejercito más poderoso del mundo” cuando ni si quiera pudo derrotar a Irán y que fuera antiguo aliado de EE UU durante la presidencia de Reagan, cuyo acercamiento a la potencia estadounidense casualmente se produjo gracias a las gestiones del renunciante secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

La existencia del ala neoconservadora del Partido Republicano está directamente relacionada a la de los enemigos que pueda hallar y no a sus propias capacidades (aunque sus habilidades tal vez consistan en buscar al nuevo enemigo de turno). Se les podría comparar con los superhéroes de los comics o historietas que aparecen cuando cunde un peligro o arrecia una amenaza, con la gran diferencia de que no defienden la causa de la libertad y la justicia, sino la de sus propios intereses y agendas. En el pasado, en la década de los 80, el enemigo que magnificaron fue la Unión Soviética, cuyo colapso se produjo a finales de dicho período, luego de la caída del muro de Berlin en 1989. En el presente, el enemigo esconde su rostro detrás de un velo. Una cortina, la de hierro, cayó para que se levante imaginariamente otra. Imaginariamente porque no existe tal división con el Islam en su conjunto, sino con un grupo bien organizado de fanáticos que temen la penetración del mundo occidental en el musulmán.

El terrorismo islámico no es más que la respuesta a la prepotencia con la que la Casa Blanca interviene en los asuntos de la región más conflictiva del planeta. La perspectiva de los halcones, desde este punto de vista, es muy limitada, y nos atrevemos a decir que están al borde de la extinción, al menos la generación a la que pertenecen Rumsfeld y Cheney. De momento, sólo el impase norcoreano (al que alentaron a desarrollar capacidad nuclear luego de abandonar los acuerdos suscritos durante la Administración Clinton) o Irán (a quien también animaron a rearmarse al promover la descabellada estrategia de la guerra preventiva, a pesar de que a raíz de un acuerdo suscrito con Alemania, Gran Bretaña y Francia había paralizado su programa nuclear) representan serias advertencias por las que los ciudadanos norteamericanos deberían preocuparse y convocar eventualmente a los halcones para “despejar” los temores. Ellos, a la vez que siembran los peligros que posibilite su retorno, cosechan las tempestades que permite su alejamiento.

Tal como van las cosas, los ganadores de esta contienda son los radicales islámicos pues si bien no pueden acabar con las potencias con las que luchan, al menos pueden desestabilizar a los gobiernos que las dirigen.España es claro ejemplo de ello ya que tras el atentado del 11-M de 2003, el electorado español retiró su apoyo al Partido Popular, cuya gestión no fue mala pues España creció económicamente a tasas interesantes (por encima de la media europea y se crearon muchos empleos), pero su respaldo a las pretensiones hegemónicas de la Casa Blanca inclinó la balanza y lo condujo a la derrota. Con los resultados que arrojó la última elección congresal norteamericana queda más que confirmada la tesis de que el fundamentalismo musulmán tiene la capacidad afectar a las administraciones con las que rivaliza. Para ello sólo necesitó frustrar sus planes en Oriente Medio recurriendo a la violencia. No tan indiscriminada como parece, sino más bien focaliza y dirigida a causar mayor desestabilización.

Volviendo a Rusia, la posible retirada rusa del Tratado de Armas Convencionales en Europa que con la que amenazó Putin en el Parlamento ruso, ha sorprendido a los países de la OTAN toda vez que gracias a ese instrumento (firmado en 1987 por Ronald Reagan y por Mijail Gorbachev) se eliminó los arsenales nucleares de corto y mediano alcance.

Es probable que la insistencia con el escudo o paraguas antimisiles norteamericano esté dirigida a presionar a Rusia para que a su vez obligue a Irán a reconsiderar su programa nuclear. Sería una “buena” carta negociadora, si esa fuera la intención de Washington, cancelar la instalación de los dispositivos defensivos a cambio de que Moscú detenga la construcción del reactor iraní en Bushehr, por ejemplo, y consentir -mediante su abstención en el Consejo de Seguridad de la ONU-, sanciones más graves contra Irán en caso de que no aborte sus aspiraciones atómicas.

Lamentablemente las cosas no son tan sencillas como parecen (o desean algunos) ya que cuanta más presión se aplique sobre Rusia, más fuerte se torna su nacionalismo. Rusia no está dispuesta a retirar su apoyo a Teherán por el desmantelamiento de los interceptores norteamericanos. Putin tiene razones de peso para respaldar a Irán aun cuando se trate de una relación difícil de sostener, sobre todo ante los ojos de Occidente.

Los lazos que mantiene Rusia con Irán se han estrechado en respuesta a la presencia militar anglonorteamericana en la zona. Es parte del efecto indeseado de ocupar unilateralmente una región al margen de las consideraciones de las instituciones internacionales y de los intereses de otros países.

Siendo Oriente Medio de especial interés y relevancia para Rusia, el heredero del Imperio Soviético no quiere perder su influencia a manos de sus rivales estadounidenses. En Putin ha recaído la misión de restaurar la política exterior rusa luego casi una década de alejamiento de esa parte de Asia. La injerencia de EE UU, cuya pretensión inicial consistía en acercar a los países musulmanes a Israel, para convertirlo en líder indiscutible de la región, choca con la nueva arremetida rusa que convirtió a Irán en serio obstáculo para sus ambiciones geopolíticas.

Los rusos vieron en las invasiones de Iraq y Afganistán acontecimientos que llamaron su atención y resolvieron recuperar el papel que desempeñaban. Una de las respuestas rusas a la iniciativa de EE UU de controlar el petróleo iraquí fue explorar una OPEP del gas justamente con Irán, además de Argelia y Libia. Aunque falta mucho para definir y concretar ese tipo de alianzas, la sola mención de tal unión provocó que EE UU se volcara a promover con Brasil el desarrollo del etanol como combustible alternativo al de los fósiles.

La pérdida de influencia y descrédito de EE UU en la región del Golfo ayudó a Rusia a restablecer sus lazos con Oriente. Si en el siglo XX, la URSS se caracterizaba por ser un proveedor natural de armas convencionales; en el XXI la cooperación rusa se ha extendido no sólo al armamento sofisticado, sino a conformar eventuales cárteles energéticos (como el del gas) y a proporcionar tecnología para la construcción de centrales nucleares.

Otra movida rusa y de los exportadores de crudo de Oriente (incluyendo los países árabes) ha tenido que ver con la comercialización de su principal recurso en euros y no en dólares. Dado que la moneda europea se cotiza al alza respecto al dólar, el movimiento natural en el mercado de divisas presiona a EE UU a mantener altas las tasas de la FED (Reserva Federal), lo cual dificulta conseguir financiamiento en EE UU al encarecerlo. Aunque esa medida ayuda a mantener a raya la inflación, la mayor preocupación del Banco Central Norteamericano.

Con Siria la estrategia de estrechar vínculos ha sido similar a la desarrollada con Irán. Como parte de la “buena voluntad” rusa, a través de un acuerdo se cancelaba la mayor parte de la deuda de Siria con Rusia (unos 13. 000 millones de dólares). Por si fuera poco, otros convenios han dado a Rusia el privilegio de en el ámbito energético.

Para haber llegado a la situación actual (de gran temor para Occidente) han ocurrido varias cosas en el camino como la alianza entre Irán y Siria que comprende la plena cooperación en caso de ser atacados por EE UU e Israel, y la reanudación de las actividades nucleares por parte de Irán.

En el fondo del asunto surge una cuestión, ¿qué está dispuesto a hacer EE UU para no perder hegemonía en Oriente? EE UU no quiere ninguna otra potencia regional que no sea Israel, así sea aliada como Arabia Saudita. La petromonarquía ha visto creer su influencia a raíz de que Irán hace lo suyo para afianzarse en la región. Por ello en ciertos sectores de EE UU se considera que sacando a Irán de la ecuación las cosas volverían a su cauce, es decir, mediante un “ataque preventivo”.

Hoy por hoy sólo el conflicto iraquí mantiene viva –aunque a la baja- la presencia de Washington en Oriente, ya que su insatisfactorio papel en el palestino-israelí le ha hecho perder protagonismo. De ahí que incentivando los enfrentamientos sectarios no sea tan malo siempre que el número de bajas estadounidenses no se incremente exponencialmente. Desde cierto punto de vista maquiavélico, hasta podría decirse que la espiral de violencia sirve a los propósitos de EE UU de justificar su presencia por “razones humanitarias” (para contener el aniquilamiento fraticida).

Ahora, lo verdaderamente preocupante no es que Irán tenga armas nucleares, sino que otros países (en respuesta) lo imiten. Ese parece ser el caso de Arabia Saudita, Egipto y Turquía, sólo por dar tres ejemplos de naciones dispuestas a dominar la tecnología nuclear. Si bien Irán ha reactivado positivamente la diplomacia Saudí en la mediación de los conflictos del Líbano y Palestina, también ha incentivado al reino a reafirmar su intención de contrarrestar su influencia con armas nucleares. “La bomba sunita es un peligro latente”, revela The New York Times, citando a conocidos analistas.

Es un tiempo para preocuparse naturalmente, de ahí que no sea tan descabellado que EE UU pretenda protegerse de las futuras amenazas con el sistema antibalístico próximo a ser instalado en Europa del Este.

De otro lado, Rusia podría ayudar a los sunitas a conseguir su primer dispositivo atómico (en febrero pasado Vladimir Putin se convirtió en el primer mandatario ruso en visitar el reino saudita y ofreció su cooperación en materia nuclear), lo que reforzaría los vínculos entre Oriente y Moscú para desazón de EE UU.

Al tiempo que Rusia gana protagonismo en Medio Oriente, EE UU fastidia al Kremlin al fortalecer sus vínculos con los países del Este del Europa y los estados bálticos. Aquello es parte de la medición de fuerzas que uno y otro realizan a escala global, recordando los peores episodios de la Guerra Fría.

México despenalizó el aborto

26.4.07

En un giro histórico, México se convierte en el primer país católico en despenalizar el aborto en sus primeras fases. La medida, si bien no es original en el continente americano porque otros países también de mayoría católica como Cuba y Puerto Rico la aprobaron, representa un gran paso hacia la desacralización de la sociedad, es decir, hacia la independencia de la Iglesia Católica en materia de cuestiones sociales. Por contraste, sólo tres países latinoamericanos lo prohíben bajo cualquier causa como Chile, Nicaragua y el Salvador, aunque peligre la vida de la madre.

Pese a la radical oposición del clero mexicano, la reforma legal fue aprobada por 46 votos a favor, contra 19 en contra y una abstención. Los promotores del cambio fueron los miembros del partido izquierdista de la Revolución Democratica (PRD), que controla la Asamblea Legislativa de la capital azteca. Los partidarios de Juan Manuel López Obrador, ex candidato presidencial, autorizaron la práctica del aborto durante las primeras doce semanas de gestación (bajo ciertas condiciones), y redujeron las penas (entre tres a seis meses) para las mujeres que interrumpan su embarazo después del plazo establecido por la norma.

La despenalización del aborto se suma a la larga lista de temas que han polarizado a la sociedad mexicana desde la última campaña electoral. Se espera, como es lógico, mucha resistencia por parte de los colectivos contrarios a la medida. Algunos planean llevar la batalla a la Corte Suprema de Justicia para plantear su inconstitucionalidad, lo que augura nuevos enfrentamientos legales entre los partidarios de uno y otro bando.

El hecho de determinar individualmente y por cualquier razón la muerte del feto dentro de las doce semanas (tres meses), revela cuestiones interesantes ya que en ese lapso no habría vida humana para el derecho, al menos no para la legislación del Distrito Federal que no le atribuye ninguna relevancia. En la misma línea podría considerarse la atenuación de la pena para las mujeres que suspendan la gestación (de tres a cinco años a unos cuantos meses, conmutables por trabajo comunitario) pues implica rebajar el valor jurídico de esa vida en desarrollo en comparación con la de un ser humano constituido.

No representa ninguna novedad, desde luego, los criterios bajo los que los representantes mexicanos basaron su argumentación para despenalizar el aborto en las etapas iniciales del embazo ya que el Colegio de Bioética Mexicano fijó una posición científica en torno a este asunto al señalar que el embrión de 12 semanas no posee el atributo de la de individualidad biológica, es decir, carece de vida independiente fuera del útero (totalmente inviable fuera de la matriz de la madre). Por ello no puede considerarse como persona, esto es, como sujeto de derechos, de ahí que, según el informe de ese colegiado, “(…) el embrión apenas ha desarrollado su cerebro y no se han establecido las conexiones nerviosas que caracterizan al ser humano. Por tanto, no experimenta dolor ni ninguna otra percepción sensorial”.

El establecimiento del límite de doce semanas no es por ende arbitrario como sostienen los diputados de PAN (partido conservador Acción Nacional y del que es líder el presidente Felipe Calderón), contrario a la terminación del embarazo por cualquier razón que aduzca la gestante.

Al legalizar el aborto es probable que salve más vidas de las que innecesariamente se pierden ya que muchas mujeres acuden a centros insalubres que practican esa intervención quirúrgica en condiciones deplorables. La decisión, contrariamente a lo que se piensa, puede sensibilizar más a la mujer que se lo realiza clandestinamente ya que tendrá acceso a instituciones sanitarias donde contará con información adecuada y asesoramiento científico acerca de los riesgos fisiológicos y emocionales que corre al desprenderse de la vida que lleva en su vientre. De lo que se trata es que el aborto no sea una solución sencilla y rutinaria a un problema que no han podido resolver las políticas sobre el control de la natalidad.

El aborto debe ser el último recurso y no un paliativo que podría llegar a fomentar la irresponsabilidad e irrespeto por la vida. Permitirlo sin campañas educativas efectivas que prevengan embarazos indeseados sólo banalizaría la condición humana. Por ello ambas cosas deben ir de la mano.

De otro lado, las mujeres que aborten no deben ser satanizadas o estigmatizadas con reprimendas sociales o eclesiásticas. La comprensión de este fenómeno es demasiado compleja como para individualizar tan fácilmente las culpas. Como estamos hablando de una falla social, la sociedad -el Estado en particular- es responsable de no concienciar a sus individuos sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección.

En nada ayuda la Iglesia Católica al promover la abstinencia o el no uso de métodos anticonceptivos que pueden impedir enfermedades o desgracias (como el aborto). Siendo realistas, las condiciones no están dadas para atender las irresponsables demandas que solicita el Vaticano, y menos en medio de la extrema pobreza que aqueja a una gran parte del mundo cristiano. El teólogo Hans Küng es muy claro al respecto al atribuir parte de la miseria del mundo a la posición sobre la regulación de la natalidad y la explosión demográfica de la Santa Sede. “Su postura en contra de la píldora y del preservativo, podría tener mayor responsabilidad que cualquier estadista (refiriéndose a Juan Pablo II) en el crecimiento demográfico descontrolado de numerosos países y la extensión del sida en África”. Los efectos de esa política o dogmatismo han generado un indudable rechazo “en países tradicionalmente católicos como Irlanda y España”, concluye el gran pensador suizo.

Con el texto legal que modifica el artículo nº 144 del Código Penal y la Ley de Salud, se podrá concluir el embarazo sin que sea considerado delito, porque la norma considera que hay aborto sólo después de ese tiempo. Antes de esa modificación el aborto sólo estaba permitido en casos de violación, malformación congénita del feto, riesgos para la vida de la mujer o inseminación artificial sin consentimiento de la mujer. De ahora en más se espera que la reforma sea promulgada por el gobernador del Distrito Federal toda vez que es del mismo partido de los legisladores que la aprobaron en la Asamblea de Representantes.

La colisión de dos derechos (el de la libertad de la mujer para elegir la terminación del embarazo y la vida del feto) ha sido tratada con anterioridad y mucha polémica por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el caso Virginia Mabes contra el estado de Alabama (1973) se consideraron en estricto la vida versus la libertad de decisión, dos preciados derechos que entraron en conflicto. La decisión de la Corte fue de legalizar el aborto hasta las primeras 20 semanas. Los argumentos que aportó el Juez Joseph Kirkland, ponente en aquel controversial caso, fue de balancear ambos derechos “puesto que si bien cada uno de ellos tiene razón, otra verdad inobjetable es que ambos están errados, porque la conveniencia del argumento cada parte le negaría sus derechos a la contraparte”. Así, el Supremo Tribunal dividió la gestación en dos periodos iguales de 20 semanas en el que el primero de ellos está admitido el aborto y en el segundo no.

El conflicto determinó una decisión salomónica ya que restringe, pero no impide, el ejercicio de ninguno de los derechos en pugna. La Suprema incluyó dentro de su argumentación elementos indispensables para hacer reflexionar a la madre las consecuencias de su acción abortiva, entre éstas cabe mencionar: “a) información y asesoría para la madre, si razonablemente requeridos, para ayudarla a tomar su determinación. Esto puede incluir material escrito y fotográfico aunque resulte molesto para la sensibilidad de la madre; b) Orientación obligatoria individual o grupal con uno o varios asesores, dirigida a la toma de la decisión sobre el aborto con un período de espera de hasta setenta y dos horas; c) el Estado podrá requerir de la madre una declaración escrita en la que ratifique que está tomado su determinación en pleno conocimiento y voluntariamente”.

En este caso en particular la Corte optó por la libertad porque de ésta depende que la vida merezca la pena de ser vivida. La determinación de llevar a cabo el aborto “no debe ser fácil”, como sostiene el Tribunal, pues “la facilidad puede volverse indiferencia”. El razonamiento del máximo órgano jurisdiccional se basó también en la cantidad de niños no queridos (en albergues) que aumentan en decenas de miles cada año. “Si el aborto fuera criminal, la cifras de los no queridos crecerían irremediablemente”. La postura es evidentemente utilitarista puesto que considera aspectos relacionados con la calidad de vida de ciertos colectivos afectados (mujeres embarazadas que contemplan el aborto) en vez de valorar per se la vida del feto. Aquí entran a tallar las cuestiones numéricas (vinculadas al principio de felicidad), sobre la cantidad de personas infelices que llegan a ser los no deseados por sus madres. Bajo este enfoque es preferible dejar morir a un ser antes verlo infeliz. Como la calidad de vida que recibiría (cuidados, cariños y atenciones) sería mínima, es mejor optar por la terminación de su existencia que prolongar su sufrimiento.

No creemos que las razones de la Suprema sean del todo convincentes, pero al menos han dado una clara señal sobre qué elementos contemplar al momento de legislar sobre la admisibilidad del aborto. Lo esencial de fallo es que si bien permite el derecho a abortar, lo contempla siempre que incluya planes comprensivos– de asesoramiento para la gestante y de cuidado infantil, para proporcionar a los niños abandonados la garantía de mejores cuidados que les reconoce la Constitución.

En otras latitudes menos favorecidas el problema sigue siendo el creciente número de abortos clandestinos. La presión de grupos feministas ha servido para poner en el tapete el via crucis de las cientos de miles de mujeres que tiene que recurrir a prácticas insalubres para abortar. Se estima que por cada aborto atendido hay cuatro no registrados, lo que eleva preocupantemente la tasa de mortalidad entre las mujeres gestantes. Fuentes gubernamentales consideran que en México se practican unos 110,000 abortos ilegales al año. Aunque para grupos defensores de la libertad de abortar la cifra es muy superior.

Lo lamentable es el grado de intransigencia al que han llegado los sectores ultraconservadores representados por el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien además de ser investigado por su polémica participación en el debate, dijo que: "Si esta ley se impone habrá violencia para los médicos, para las enfermeras y para todos aquellos que se vean obligados a ejercer este reclamo de algunos, a terminar la vida antes de que nazca".

Jorge Serrano Limón, presidente del grupo ultrarradical Provida, en la misma línea del prelado, amenazó al alcalde de la capital mexicana, Marcelo Ebrard (del PRD) en estos términos: "Tendrá que pagar un costo político, porque él gestó ésto. Lo señalamos como responsable y todo su sexenio (de Gobierno) tendrá que cargar con este costo, que es un costo de sangre". El religioso advirtió a los diputados que si lo aprueban serían excomulgados, igual que las mujeres que interrumpan su embarazo.

Aunque Serrano ha bajado el tono luego de la despenalización del aborto al expresar que la protesta en los centros médicos que practiquen el aborto será pacífica. “No creo que en México haya personas inconscientes que ejerzan violencia contra los abortistas. Al menos en nuestro movimiento todo los vamos a hacer de forma pacífica”, manifestó el lidera de la organización.

Desde que la Unión Soviética permitió esta práctica en 1920, el movimiento de la despenalización se ha convertido en uno de escala mundial. Generalmente su impulso en países del tercer mundo ha estado relacionado con la mortalidad materna asociada a la práctica de abortos ilegales (esto fuerza a mujeres de bajos recursos a buscar clínicas clandestinas para hacerse abortos, mientras las que tienen más recursos viajan a Estados donde es legal). En naciones más desarrolladas la legalización de su ejecución se debió a la presión del activismo feminista y de los nuevos roles de la mujer (gracias a su incorporación masiva al ámbito del trabajo asalariado y tener mayor control sobre su cuerpo, a través de la píldora anticonceptiva).

En México, donde el nacionalismo es tan fuerte como el catolicismo, muchos consideraron como una intromisión los pronunciamientos del papa Benedicto XVI en torno al aborto.
Ciertamente la nueva situación es preferible a la anterior donde peligraba la vida de las gestantes. Las complicaciones surgidas de una pésima intervención quirúrgica en muchos casos privaron a las mujeres de sus capacidades físicas, incluidas las reproductivas.

Mientras en México se regula este grave problema social, la actual Corte Suprema de EE UU, controlada por magistrados conservadores (designados por George W. Bush), abolió una forma de practicar el aborto (por 5 votos a favor y 4 en contra) , la llamada dilación y extracción intacta del feto entero. El fallo modifica uno anterior de hace siete años y abre la posibilidad a establecer nuevas limitaciones al aborto.

Las "consideraciones morales" de los jueces han primado a la hora de restringir las opciones (la libertad) de la abortante y su médico. De esta forma la Suprema ratifica la prohibición de un tipo de aborto incluida en una ley que fue firmada por el presidente George W. Bush en el 2003, cuando los republicanos dominaban ambas cámaras del Congreso.

El método ahora censurado por la Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial y la jurisprudencia de la Corte, impide ejecutar una operación que muchos especialistas consideran necesaria en determinados casos. Así, la presencia de los jueces ultraconservadores Roberts y Alito, hacen añorar la sensatez de la juez Sandra Day O' Connor, la primera mujer en ocupar un lugar entre los nueve miembros de la Suprema, quien se caracterizó por su moderación al tratar casos que dividieron a la opinión pública norteamericana.