Bicefalía chiclayana

Bicéfalo se denomina a una criatura que tiene dos cabezas. La cual es fruto de una malformación congénita y se manifiesta rara vez en la naturaleza. Su existencia supone un serio desafío a las leyes que rigen la genética y la evolución puesto que se trata de un fenómeno condenado a llevar una vida miserable y corta. Por lo general, este tipo de accidente biológico colapsa al poco tiempo de nacer y es poco probable que su existencia se prolongue más allá de unos cuantos días o semanas.


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Hacemos esta breve introducción para que se entienda porqué llamaremos bicéfala la comuna de Chiclayo, ya que de ahora en adelante cuenta con dos alcaldes “reconocidos” por parte de dos instituciones estatales.

La creación de este mounstro-- de aparente ficción—se debe a la equivocada interpretación que una de las instancias del Estado hace de sus funciones, nos referimos, en concreto, al Tribunal Constitucional (TC), ya que este órgano de control constitucional mantiene, desde mediados del año pasado, una disputa jurídica con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acerca del alcance de sus atribuciones. Dicha disputa consiste, esencialmente, en que el TC se considera habilitado para revisar las resoluciones del JNE cuando estas violen o amenacen derechos constitucionales protegidos a través de la acción de amparo. Es decir, que el TC, como instancia última ante la cual se pueden presentar este tipo de acciones (con el fin reponer el estado de cosas al momento anterior a la violación o amenaza de los derechos que garantiza), opina que los violadores de dichos derechos --el ejercicio de la ciudadanìa, en este caso--bien pueden ser otras instituciones o autoridades del Estado, lo cual es cierto; pero tratàndose de asuntos electorales, la Constitución reserva al JNE que las decisiones que emita sobre esta materia sean irrevisables e incuestionables por parte de cualquier otra autoridad, esto según el artículo 181.

Además, y por si fuera poco, el Código Procesal Constitucional (CPC), el cual detalla cuàles son las funciones y atribuciones del TC, señala, en su artículo 5ª, numeral 8 “que no proceden los procesos constitucionales cuando: … Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajo responsabilidad”.

Así, el TC estaría impedido de revisar--- bajo cualquier circunstancia-- tales resoluciones, puesto que el JNE tiene la última palabra en temas electorales. Esto con el fin de darle certidumbre y firmeza a sus decisiones, además de reafirmar su competencia y autonomía en dicha materia. Es decir, que así el JNE estuviera equivocado y violase algún derecho constitucional o electoral ni el mismo TC podría abocarse a cuestionar dicho fallo, puesto que la Constitución y el CPC son muy claros al respecto.

De modo que lo único que cabría, en este caso en particular, sería acatar la resolución mediante la cual el JNE vacó al señor Arturo Castillo Chirinos y declarar nula la sentencia del TC, que le restituye en el cargo.

El problema presenta además otra arista, ya que existe un evidente conflicto de competencia entre el TC y el JNE, el cual debe ser resuelto o dirimido por el mismo Tribunal dado que, según el artículo 109ª del CPC, “El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:
1)…
2)…
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí”.

Esto implica que al existir un claro conflicto de atribuciones entre estos dos órganos constitucionales, será el propio Tribunal Constitucional el que, llegado el momento, tendrá que manifestarse al respecto con el fin de dar solución a la controversia. Lo cual resulta paradójico puesto que el TC ya adelantó opinión colegiada sobre este asunto. Asì, cualquier pronunciamiento futuro de este órgano-- sobre el conflicto de competencia--sería rechazado e invalidado, siendo sus magistrados pasibles de ser sancionados constitucionalmente ante el Congreso por excederse sobremanera en sus atribuciones.

Mientras tanto, al pueblo del Chiclayo le toca convivir con este “freak jurídico” hasta que el TC decida reconsiderar su posición.

Y la Municipalidad, como cualquier otra institución u órgano será inviable en tanto posea dos cabezas, ya que el resto de instancias no sabrà a quién obedecer ni qué órdenes seguir. Asì, se la estaría condenando a tener una existencia miserable, sin futuro ni ninguna perspectiva de desarrollo. Lo que la llevaría a quedar o bien paralizada o bien sumida en el caos como actualmente se encuentra.

Reflexiones sobre la corrupciòn y la justicia I

A raíz del reciente caso de corrupción en el Poder Judicial ponemos a discusiòn algunas soluciones.



Ante la imposibilidad de poder reprender eficazmente la corrupción, se ha venido consolidando en el imaginario colectivo cierta tolerancia frente a este fenómeno. A tal extremo, que bien podríamos decir que la corrupción es una de las pocas instituciones que tenemos junto a la “dedocracia” (en contraposición a una meritocracia), es decir, que lo que se ha venido institucionalizando en el país son desvalores o delitos.

Muchas de las causas de este problema aparecen cuando quien comúnmente se enfrenta a un juicio no sabe con certeza cómo se resolverá èste. Esta incertidumbre o indeterminación hace que algunos recurran a otras vías legales para solucionar el conflicto, tales como la negociación o el arbitraje. Y si éstas no dan resultado, son desconocidas o simplemente son imposibles de sufragar, es probable que por lo general se piense en las vías de hecho (la violencia o la amenaza) o en la coima a la autoridad judicial (la corrupción) como alternativas.

Lo que finalmente hace que un hombre recurra a esas lamentables opciones es, como mencionamos más adelante: la incertidumbre. Principalmente, porque lo que más angustia le causa es no saber a qué atenerse más adelante ni cómo orientar sus acciones en el futuro. De ahí que ante la incertidumbre el ser humano sea presa de una desesperación que lo obligue a pensar en otras posibilidades, sean legales o no, con el fin de dar una pronta solución a su conflicto.

No saber lo que va a acontecer genera un estado paranoico en el hombre e impide que éste pueda tomar decisiones de largo plazo. Decisiones que bien pueden ser de corte económico o de otro tipo. Esto podría explicar, en parte, la ausencia de una cultura del ahorro y de la inversión en el país.

Por otro lado, la norma jurídica también es otro factor que contribuye a alimentar esta incertidumbre, pues es culpable, en parte, de la inaccesibilidad o impermeabilidad de nuestro Sistema de Justicia. Tal es la gravedad de este asunto que muchas veces la oscuridad de su redacción desalienta su aplicación. De ahí que una norma redactada en forma confusa genere tanta incertidumbre que no sepamos cómo orientar nuestra conducta o comportamiento en torno a ella. Siendo la única solución el hecho de recurrir a un abogado para que nos diga qué es lo qué quiso decir la ley. Así, se genera un círculo vicioso donde los abogados se aprovechan de la ilegibilidad o ambigüedad de muchas normas lo cual les permite ofrecer sus servicios de asesoría. Es pues de mucha conveniencia que los procesos duren más allá de los plazos establecidos o predeterminados, que las normas sean confusas y que además el acceso a la justicia sea patrocinado necesariamente por un abogado. Este conjunto de situaciones que sólo genera un monopolio sobre el conocimiento de la ley, aísla cada vez más a los ciudadanos de su entendimiento.

Siendo esto así, consideramos que el sistema en el que se gestan nuestras normas debe ser cambiado, o por lo menos, modificado radicalmente. Lo que proponemos es sustituir el continental sistema romano-germánico por el anglosajón o Common law. Debemos pues de implementar sistemas de jurados en los juicios penales y en los que se traten temas de interés general como los ambientales. Sólo así, garantizaremos más transparencia en la forma en que se toman las decisiones judiciales e involucraremos a la comunidad en el tratamiento de sus causas, devolviéndole, de paso, algo de prestigio al Poder Judicial.

Por ello, debemos además “dar muerte al legislador” y promover la actividad creadora de los jueces por medio de la jurisprudencia. Es decir, tratar de acercar la justicia a la resolución de los conflictos sociales. Esto implica, desde luego, hacerla más flexible y adaptable a las necesidades y urgencias de la población. La justicia tal y como está diseñada se encuentra encorsetada y amañada por la ley, cuyas posibilidades de adaptación a las complejas tramas del tejido social son demasiado lentas y a veces inoportunas. A la ley no sólo se le ha dado, gracias al positivismo jurídico, el hecho de ser de duración ilimitada—mientras no se la derogue—sino también ser demasiado general en su contenido. Esto quiere decir que el operador jurídico, llámese juez, fiscal, abogado y litigante debería encontrar en ella la regulación de todos los supuestos, algo por lo demás imposible.

Ahora, si bien implementar un sistema de jurados quizás no elimine la corrupción; la hará, al menos, más difícil de materializarse, ya que será más complicado corromper a un número mucho mayor de personas que a una sola que toma exclusivamente la decisión. Así, los jueces ya no podrán ser corrompidos ni objeto de presiones políticas porque no estará en ellos resolver la controversia, sino tan sólo dirigirla. Sólo alejando el dinero y las influencias de las instancias judiciales es que podremos acercarnos siquiera un poco al ideal de igualdad que proclama fallidamente nuestra Constitución. Al desterrar el dinero o marginándolo, se hará que la justicia deje de verse como una mercancía o como un bien susceptible de ser adquirido por aquel litigante que cuenta con los medios para hacerlo.

Por otro lado, encontramos que los mecanismos de heterocomposiciòn popular gozan de una gran legitimidad y aprobación, a diferencia de lo que sucede con la justicia positivista. Estos mecanismos tienen tal estima y consideración, porque quienes juzgan y sancionan son individuos semejantes a los procesados. Los cuales tienen además la particularidad de conocer mejor la problemática del caso, consagrando al máximo, el principio de inmediación, que rige poco eficazmente en nuestras sedes judiciales.

Lo que se garantiza además con esta propuesta es que la sociedad se encontrará representada y podrá fiscalizar mejor la labor de los jueces al ser participe y protagonista de las decisiones judiciales. Tal revolución jurisdiccional revalorizará de alguna manera al individuo común al hacer sentir que su opinión es importante y que a su voz será escuchada. Será como empoderarlos, es decir, promover un cambio en las relaciones de poder para transformar la actual situaciòn, brindàndoles, ademàs, la capacidad de decidir sobre sus propios asuntos.

Otro hecho que favorecerá la reforma, es que la comunidad dejará de ser pasiva frente a los fallos judiciales, transformándose, de este modo, en una sociedad activa, participativa y dialogante.

Con todo ello, la comunidad comenzará a comprender más los asuntos legales y a tener una auténtica consciencia jurídica, además, claro está, de representar una suerte de freno o contrapeso a los poderes económicos y políticos, porque no podrán influirla o corromperla tan fácilmente.

Es como si empezara a convertirse de a pocos en una comunidad que se interesa cada vez más por sus problemas y a ser más dialéctica. Bases fundamentales para construir una verdadera sociedad democrática.

Sólo así la justicia dejará de ser ese mounstro al que tiene que enfrentarse el litigante muchas veces en evidente desventaja, ya que todo el andamiaje jurídico-normativo le será un poco más comprensible. Una justicia de ese tipo estará en mejores condiciones de comprender las problemáticas que se encuentran en el tejido social, además de ser capaz de reconocer otros sistemas normativos ancestrales que conviven con dentro del Estado. Se generará así una mayor tolerancia hacia aquellas conductas o prácticas sin caer en el error de tipo cultural al momento de apreciarlas.

Todo lo anterior no quiere decir que debamos dejar de tener parlamentos, sino que la ley siga poseyendo un rol importante y fundamental, pero ya no protagónico al momento de regular las conductas y las prácticas sociales.

Si pretendemos que las normas se cumplan, promovamos pues mecanismos participativos no sólo para su sanción a través de la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, sino también procedimientos regulares para su elaboración y formación.

El positivismo jurídico aplicado hasta ahora, sólo se ha prestado al servicio de los intereses de unas minorías caracterizadas por su insensibilidad social. La ley durante largo tiempo ha sido el instrumento de control social empleado por excelencia por el Estado para mantener una determinada estructura. De ahí que debamos hacer que ésta sea lo más democrática posible en cuanto a su gestación, ya que sólo así gozará de cierta legitimidad y se podrá considerar como emanada del pueblo.

Debemos pues de desterrar los nocivos efectos del positivismo jurídico dado que resulta ajeno a la compresión de los fenómenos sociales. Para esto, los jueces deben de ser orientados hacia roles o facetas creadoras e innovadoras en el plano jurídico. El derecho debe dejar de ser una entelequia o una gran nebulosa solo comprensible por aquellos que fueron educados en su funcionamiento y aplicación.

Siendo pues un país donde la costumbre está fuertemente arraigada, al extremo que deroga normas escritas, es que debemos percatarnos que el único sistema jurídico compatible con ella es el anglosajón, ya que en éste último las costumbres populares y los valores sociales encuentran la forma de manifestarse y canalizarse a través de la jurisprudencia y de los sistemas de jurados.

Esto producirá, de alguna forma u otra, una suerte de reconciliación con formas ancestrales de justicia anteriormente marginadas y condenadas (las campesinas y nativas), promoviendo más bien su comprensión, evitando su aislamiento.

La única base que encuentra la ley para justificarse es la propia ley y nada más, ni siquiera se remite a valores comunes. Ya que si un abogado o juez cualquiera intentara descubrir porque obedece una ley se daría con la sorpresa de que ésta no representa muchas veces los intereses mayoritarios, lo cual lo llevaría a pensar que el Estado, quien emitió la norma, tampoco posee legitimidad. “Ni el abogado puede poner en cuestión los supuestos previos—argumentando acerca de su invalidez debido a que el Estado no representa los intereses de la sociedad, ni la ley recoge los sentimientos mayoritarios---, ni el juez puede tolerar que lo interfieran las evidencias que tiene acerca de la endeblez de tales supuestos. Por esto es que en una sociedad como la nuestra es más agudamente necesario que nuestros jueces y abogados repitan y crean que “la ley es la ley”. Aceptar la discusión de fondo sobre la base de la legitimidad de las leyes y el Estado que las impone, significaría echar por tierra los cimientos de todo el aparato administrador de justicia, lo que no es ni siquiera ni políticamente ni sicológicamente permisible”[1].



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[1] Pasara, Luis. Perú: Administración de ¿Justicia? En: La Administración en América Latina. Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo. Lima, 1984. p 219.

* Las opiniones aquì vertidas forman parte de la Tèsis Universitaria de uno de nuestros miembros, de modo que se agradecerà citar la fuente ante cualquier menciòn de todo o parte de la misma. Remitiendo, para tal efecto, un correo al autor de esta entrada.

Los nombramientos de Rey, Barba, Woodman y Pizarro

Ayer tomamos conocimiento de las designaciones de dos conocidos animadores del escenario político como nuevos integrantes del actual régimen. Nos referimos, obviamente, a Rómulo Pizarro y Arturo Woodman, quienes de momento abandonan sus trincheras opositoras para asumir el comando de dos instituciones (Devida y el IPD), en pleno terreno oficialista.

Estos recientes llamados se suman a los nombramientos de Rafael Rey y Barba Caballero, el primero como Ministro de la Producción y el segundo como Embajador en Panamá. Además de otros que podrìamos mencionar como el de Pilar Mazzetti en la cartera de Interior o el de Verónica Zavala en Transportes y Comunicaciones.

Lo particular de todas estas convocatorias es que se hacen a personalidades de la “oposición”. Claro que en el caso de las dos últimas funcionarias esta afirmación no es valedera, puesto que ellas no guardan filiación política conocida por algún partido, y más bien integran o componen aquel grupo de funcionarios de corte técnico (tecnócratas) que comúnmente suelen ser solicitados por sus destacadas cualidades profesionales.

Volviendo a lo anterior, es decir, al nombramiento de los dirigentes políticos arriba mencionados, tenemos que señalar lo siguiente:

1) Que dichas designaciones se han realizado con el fin de comprar el silencio político de los ahora funcionarios. Esto significa que a cambio de acceder a un puesto público han rechazado cumplir el rol opositor que naturalmente les correspondía (porque eran dirigentes de otros movimientos). En el caso de Rafael Rey y Barba Caballero esto es más que evidente.

2) Que para el Apra, comprar el mutismo de sus anteriores rivales significa un muy bajo precio o costo que pagar, puesto que no se ha desprendido de nada significativo políticamente hablando, es decir, que les ha ofrecido la dirección de instituciones cuya trascendencia e importancia es relativa o cuando menos escasa. En otras palabras, no ha cedido prácticamente nada de su poder original a cambio de lo mucho que ha logrado--ya que además de adquirir el silencio--ahora el aprismo hace el alarde de presentarse ante la opinión pública como un Gobierno de ancha base, capaz de convocar a todas las demás fuerzas políticas y sociales del país. Alejando hábilmente los temores de un eventual copamiento estatal.

3) Que con esta jugada, el Apra intenta principalmente minimizar y desacreditar las declaraciones de Agustín Mantilla, puesto que este ex dirigente aprista mencionó—en un video—que en una segunda etapa (del gobierno se entiende), los compañeros tomarían las riendas de la Administración Pùblica, es decir, asaltarían en masa las instituciones estatales como lo hicieron en 1985.

4) Que la particular elección de Arturo Woodman como jefe del IPD (Instituto Nacional del Deporte) pasa más que nada por contar con el apoyo de la empresa privada en un sector donde el Estado ha mostrado un enorme desinterés, además de haber sido totalmente ineficiente. De ahí que con su participación se busque el aporte gerencial, técnico y monetario de quienes están en capacidad de hacerlo. Nos estamos refiriendo evidentemente a los empresarios, y ya que el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes como para mantener la infraestructura deportiva ni solventar la preparación de nuestros atletas, consideramos más que necesario su concurso. Además, a estos mismos le convendría implementar programas de responsabilidad social que son bien vistos y dan buena imagen corporativa, a través del deporte.

Bajo la sombra de Mantilla

Si existe todavía un tema que resienta, y con creces, la imagen del Apra, es el de Agustín Mantilla Barrionuevo, ex Secretario General, Congresista electo y ex Vice Ministro del Interior de dicho partido.

Como se recordará, tiempo atrás fue descubierto un video en el que se mostró, al otrora líder de los búfalos, recibir la suma de 30,000 dólares americanos de manos de Vladimiro Montesinos. Cantidad con la que financió la campaña presidencial del Apra en el 2000 y por la cual se lo proceso por el delito de cohecho *.

Pero el hecho no quedo ahí, ya que gracias a investigaciones posteriores se encontró que este personaje tenía más de dos millones de la divisa americana en cuentas en Nueva York y las Bahamas. Lo cual hizo que se lo procesara nuevamente—en aquella ocasión--por el delito de enriquecimiento ilícito. Juicio que aùn se encuentra en trámite, y por el cual el fiscal ha solicitado 8 años de cárcel.

Luego de este breve recuento cronológico, pasemos ahora a analizar las implicancias de este asunto.

Ante las recientes expresiones de Mantilla en el sentido de que afirma haber recibido òrdenes y, peor aun, haberlas cumplido. Tenemos que manifestar que ahora resulta más o menos claro de dònde provenían dichas directrices, y dado que este procesado estaba sometido por aquel entonces a la disciplina aprista, es de suponer que las directivas a las que se allanó venían de García.

Lo que aùn no sabemos es con que fin explícito se “sacrificó” pero si a quien protegía. Lo más probable es que este ex funcionario haya sido un simple testaferro u operado como una especie de caja chica de su agrupación.

Estas declaraciones dadas a un grupo de jóvenes apristas, más que anunciar algo nuevo, sólo corroboran lo que ya veníamos pensando del caso; en cambio, lo que si nos alarma, y mucho, son las opiniones que el propio Mantilla vierte acerca de que el Gobierno y su partido, se encuentran en una primera etapa en la que "hay que ganar la confianza" (de la población se entiende). Para luego pasar a una segunda donde el Apra tendrá más participación en las instancias gubernamentales, es decir,"más ministerios", segùn este acusado.

Luego de prestar la debida atención a estas afirmaciones, se puede concluir que existen fundados temores de un futuro copamiento aprista, esto es, del aparato estatal en su conjunto. Y lo peor de todo es que seguramente aquello resentirá el manejo de la Administración Pùblica, entorpeciendo, posiblemente, todo anterior espíritu de reforma. Ya que lo que buenamente se haya avanzado en ese sentido, correrá el riesgo de ser saboteado por las manadas hambrientas de compañeros que entraràn-- cual estampida — a reclamar su parte del pasto y del forraje,
para volver a dejar otra vez desolada la pradera.




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* El cohecho es un delito contra la administración pública que constituye un acto bilateral que ataca a la rectitud y buen proceder propios del funcionario o servidor público en el cumplimiento de sus funciones, corrompiéndole a base de dinero, dádiva o promesa, para obtener el cohechador un beneficio justo o injusto a través de la acción u omisión de dicho funcionario.

El primer mes del Gobierno

Luego de transcurrir poco más de un mes del aprismo en el Gobierno, y de escuchar la accidentada presentación del Primer Ministro en el Congreso, el análisis y balance de lo visto hasta ahora es el siguiente:


1) Sobre el reciente anuncio de importantes medidas de austeridad, tales como la reducción de remuneraciones y del gasto en viajes, asesorìas, etc. en pos de reformar la Admistraciòn Pùblica, debemos hacer notar que—por sí solas o aisladas--resultan insuficientes. Lo son en el sentido de que estas acciones deben ser complementadas con otras para produzcan el efecto deseado de contar con un Estado eficiente. Y dicha complementación pasa por promulgar una serie de normas que, además de la Ley Marco del Empleo Público, permitan mantener un cierto orden en la planilla estatal.

El recorte de salarios más que coadyudar con la reforma, tiene el cariz de ser una medida evidentemente populista, ya que con ésta se trata de marcar distancias con el toledismo, así como “conectar” o “reenganchar” al pueblo con la clase política.

Un aspecto negativo de esta determinación gubernamental, seria el de restarle al Estado la posibilidad de poder competir en el mercado de trabajo por los mejores profesionales y técnicos. Es decir, por aquellos elementos cuyas capacidades son esenciales para asegurar un correcto funcionamiento del aparato estatal. Dado que estos individuos son los que toman las decisiones de segundo nivel (las técnicas), que son las que, al fin y al cabo, permiten que se lleven adelante y ejecuten las de primer nivel (las políticas).

Con ello, el Estado no sólo podría verse desprovisto de cuadros capaces, sino incrementar los posibles—y fundados temores—de copamiento por parte de la militancia aprista.


2) Por otro lado, en lo que toca al sector salud, encontramos que la ampliación del horario de atención hospitalaria es, desde todo punto de vista, más efectista que efectiva. Pues esto no quiere decir que vaya ha haber una mejor atención por parte de los galenos a sus pacientes. Cabe recordar que los médicos, por la Ley que rige sus funciones, sólo pueden trabajar 6 horas diarias como máximo y 150 horas mensuales. Con lo cual, el propósito de brindar una mejor asistencia se diluye ya que sin nuevo personal sanitario no podrà darse una real cobertura.

Sin dejar de lado el hecho de que actualmente los hospitales y postas médicas del Minsa (Ministerio de Salud), no cuentan con instalaciones apropiadas ni material quirúrgico como para que los médicos puedan ejercer aceptablemente su praxis. Además, y por si fuera poco, aun cuando la población de escasos recursos pudiera atenderse. Su pésima situación económica hace que no puedan adquirir medicamentos que--en la mayoría de casos—están fuera de su alcance. Esto sólo complica aún más el panorama asistencial, pues el paciente o familiar va a sentirse verdaderamente frustrado, ya que advertirá que la situación no habrá variado en nada, a pesar de los esfuerzos estatales.

Y si bien el Ministro de Salud anunció que se destinará una inversión de casi 300 millones de soles para el mejoramiento de las instalaciones de salud (este incremento es parte del “shock” de inversiones prometidas por el Gobierno para aumentar el gasto social). Lo ideal hubiese sido que ambas noticias (la ampliación del horario de atención y del gasto en equipos e implementos quirúrgicos) se den al mismo tiempo. Esto con el fin de evitar que tanto una como otra medida cojee, puesto que sin la implementación simultánea de su contraparte, resultan totalmente ineficaces.


3) Otra de las acciones publicitadas por el Gobierno es la lucha contra la desnutrición infantil destinando más recursos al monitoreo y asistencia de la salud de los niños de menores de 3 años. Al respecto, no tenemos nada que cuestionar ya que resulta loable la intención de preocuparse por aquel sector de la población más vulnerable. El cual se encuentra en más alto riesgo de contraer enfermedades prevenibles. Las cuales, en su peculiar caso, resultan irreversibles, puesto que la falta de suficientes nutrientes --durante la primera infancia--repercute negativamente en el posterior desarrollo físico e intelectual del menor. Convirtiéndolo en una especie de minusválido social en términos prácticos.

Lo que haría falta es saber cómo se va a desarrollar y vincular con otros programas ya existentes. Es decir, cómo va funcionar dentro de la maraña de emprendimientos asistenciales tales como el Programa Juntos, y, sobre todo, de qué forma se va a realizar su seguimiento. Hacen falta, pues, mayores precisiones que expliquen el reordenamiento general de todo el aparato de asistencia social del Estado.


4) En lo que concierne directamente a proyectos que reduzcan la pobreza y el desempleo. El Gobierno ha lanzado con bombos y platillos el programa “Sierra Exportadora”. Con dicho plan buscaría mejorar las condiciones de vida del sector más pobre del país, es decir, del que vive en las zonas alto-andinas mediante la exoneraciòn tributaria a aquellas empresas o industrias que operen por encima de los 3200 sobre el nivel del mar.

La crítica que se le podría hacer a este ambicioso programa, consiste que no sólo bastan los incentivos tributarios para atraer la inversión privada a dicha altitud, sino dotar de infraestructura adecuada (caminos, carreteras, ferrocarriles, etc.) para permitir el traslado de la eventual producción agrícola o agroindustrial que se genere en la zona.

Además, claro está, se debe profundizar la enseñanza de elementos y principios básicos sobre el manejo de una empresa para que los pobladores campesinos estén en condiciones de administrar sus propios negocios agrarios y puedan mejorar la calidad de sus productos. Esto con el fin de que puedan adaptarse a los estándares que demandan los mercados internacionales.

Esta medida debería ser complementada por otras iniciativas que se den en el sector educación. Las cuales bien podrían consistir en orientar o dirigir la educación, sobre todo secundaría, hacia el manejo del sector agrario. Así, los hijos de los campesinos podrían introducir a sus padres en mejores técnicas empresariales y agrícolas.

Por otro lado, se debe lograr el saneamiento legal de las tierras que poseen los campesinos o comuneros, generalmente sin título alguno. Este aspecto es muy importante, y constituye un requisito previo a todo futuro plan de inversiones. Ya que éstas no se pueden atraer si es que no se ha determinado previamente el estatus jurídico de aquellas tierras. Es decir, saber a quién pertenecen realmente y si pesan o no sobre ellas cargas o gravámenes. Sin esta información se tornará imposible cualquier intento por concentrar la inversión privada en esas áreas rurales.

Siguiendo con lo anterior, cabe destacar que otro de los graves problemas que enfrenta la agricultura peruana—de la sierra principalmente—es el minifundio. El cual se originó debido a la fallida Reforma Agraria del Gobierno militar. Dicho régimen provocó la atomización del agro, es decir, la concentración de la tierra en pequeñas unidades (parcelas) que finalmente fueron repartidas entre los campesinos.

El problema de esta concentración radica en que no permite generar economías de escala, que son las que se necesitan para producir grandes volúmenes de bienes uniformes (tanto alimentos perecibles como no perecibles). De ahí que sólo con economías de este tipo, sería factible alcanzar la ansiada eficiencia de la cual carece el sector agrícola.

5) El aporte “voluntario” de la Minería. Colocamos entre comillas este calificativo para señalar que de voluntario no tiene nada, más bien fue fruto de las constantes y difíciles negociaciones que el Gobierno tuvo con el gremio minero. Como se recordará, existe un impedimento constitucional que blinda a las empresas mineras de pagos (tributos) no acordados en sus respectivos contratos leyes. De ahí la dificultad de poder imponérseles un impuesto adicional (Impuesto Extraordinario a las Ganancias) o modificar la tasa de los existentes (la del Impuesto a la Renta, por ejemplo).

Dicha contribución representa en concreto unos 2,500 millones de soles a lo largo del quinquenio aprista, a razón de 500 millones por año. Con la cual se dotará de recursos al Fondo para la Igualdad Social, mencionado por García durante su discurso de asunciòn de mando.

La particularidad del mismo pasa porque no será administrado directamente por el Estado, sino por las propias compañías mineras. Es decir, que no pasarà por el SNIP, lo cual hará que los fondos sean destinados a aquellos proyectos que las mineras hayan evaluado favorablemente.

En días pasados, los principales opositores de García en la pasada campaña presidencial se manifestaron en contra de la forma en que se solicitó este aporte. Para el ahora procesado Ollanta Humala (UPP-PN), el Estado se humilló, ya que debió, en todo caso, implementar un impuesto que refleje lo que están ganando las mineras. Para Lourdes Flores, de Unidad Nacional, el Estado no debió pedir limosna, sino cobrar un impuesto que se ajuste a las circunstancias y respete la inversión minera.

De estas dos declaraciones, la que sorprende para algunos, es la de la lideresa de Unidad Nacional, dado que durante toda campaña electoral se mostró renuente a cobrar dicho impuesto (Impuesto Extraordinario a las Ganancias Mineras). Defendiendo, en todo momento, la estabilidad jurídica y la santidad de los contratos.

Extraña su posición ahora, pero no nos sorprende, ya que es habitual en ella caer en este tipo de contradicciones, las mismas que la llevaron a ser derrotada dos veces en primera vuelta y por el mismo rival. Es probable que la falta de un discurso concreto la haga decir cosas en las que ni ella misma cree. De ahí que para ganar nueva notoriedad busque oponerse a cualquier cosa que haga el Gobierno, a lo que sea, aun si eso resulta positivo para el país.


6) En defensa, el Ministro Wagner Tizón ha manifestado que llevará adelante una reforma en el sector. Para lo cual, ha ordenado-- mediante un Decreto Supremo—la creación de una Comisión de Reforma del Ministerio de Defensa por un plazo de 30 días, integrada casi en su totalidad por funcionarios civiles. Entre las funciones con las que contará dicha comisión están las de proponer medidas para la racionalización de entidades en del ministerio, mejorar sus sistemas de información y administración, disponer medidas de austeridad y para la simplificación administrativa, así como otras que le encargue el Ministro de Defensa.

Esto sumando a la cruzada anticorrupción que ha emprendido el Ministro con el fin de sancionar a los malos elementos y mejorar las relaciones cívico-militares.

Lo anunciado es positivo, ya que se evidencia un espíritu de enmienda. Además, la presencia de esta personalidad (quien fuera Secretario General de la CAN) ofrece ciertas garantías de que por lo menos se intentará rediseñar las necesidades y objetivos de su cartera.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que no se haya hecho ninguna mención al rol que tuvo la Fuerza Armada durante la guerra contrasubersiva. Ya que, como es sabido, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha denunciado, tiempo atrás, una serie de hechos que vinculan directamente a las FF. AA. con la violación de derechos humanos.

Hasta ahora el titular de defensa sólo ha mostrado disposición de colaborar con la justicia en el proceso que se le sigue a Ollanta Humala, pero no se ve la misma pro actividad en casos similares.


Conclusiones:

El balance de la gestión aprista, resumido hasta aquí, es a todas luces negativo. Y a pesar de las buenas intenciones mostradas por algunos ministros, faltan muchas precisiones y definiciones sobre cómo se van a hacer todas las cosas que publicitan.

Además, existen otras claras omisiones y enormes vacíos en lo que respecta a la reforma educativa o judicial. Las cuales abordaremos en posteriores actualizaciones con el propósito de saber porqué--siendo prioritarias para el paìs—continúan dejándose de lado.

El caso Humala ¿lucha a favor de los DD HH. o simple persecuciòn polìtica? Give me a break II

La noticia que mañana encabezará las primeras planas de los diarios y noticieros nacionales será, a no dudarlo, la apertura de proceso contra Ollanta Humala Tasso, ex candidato a la Presidencia de la República. Como era de esperarse, el testimonio de dos militares-- que se mantienen en el anonimato-- fue decisivo para que la juez Miluska Cano ordene dicha medida. Hace un par de días nomàs, circularon presuntas versiones en las que estos dos subalternos de Humala Tasso señalaron que por órdenes del “Capitán Carlos”, se torturaba y ejecutaba extrajudicialmente a los detenidos en la Base Contrasubersiva de Madre Mía, allá por 1992.

Lo más importante de todo esto, no es el hecho en sí de estas declaraciones, sino lo que se esconde detrás de ellas. Pues resulta sumamente sospechoso que aparezcan justo en este momento cuando al Gobierno se le exigen una serie de definiciones (la reforma del Estado, por ejemplo) y cuando nos encontramos a punto de acudir a las urnas, dada la proximidad de los comicios regionales y municipales. Es como si se quisiera evitar lo primero, es decir, postergar las reformas prioritarias que necesita el país y sacar del camino al único rival de peso que enfrentaría el aprismo en el interior.

La jugada parece digna de un tablero de ajedrez y con ella se mata dos pájaros de un tiro. Ya que por un lado se distrae la atención pública con este “proceso” a Humala; y, por el otro, se elimina o da un tiro de gracia a la competencia política. Pues sin un Humala que encabece los mìtines a favor de los candidatos de su partido, resultarà complicado que estos puedan sintonizar con las necesidades y urgencias de una poblaciòn que se ve reflejada en su carismàtica figura. Lo vemos sumamente difìcil, sobretodo si este caudillo es encarcelado o tiene que comparecer periòdicamente ante la justicia.

Pasemos ahora a explicar porqué, a nuestro entender , nos parece suspicaz este hecho.

Para empezar, hay que tener en cuenta que si Humala no se hubiese convertido en un serio aspirante a Palacio de Gobierno jamás se hubiera abierto instrucción penal en su contra. Sostenemos esto en vista de que en más de 10 años nadie interpuso una denuncia seria en su contra, y ni la Fiscalìa o el Poder Judicial tomaron cartas en el asunto.
De ser ciertas y veraces esas declaraciones, no se explica cómo justamente aquel supuesto torturador, asesino y violador de Derechos Humanos haya tenido la más alta votación (superior al 50%) en la zona en la que "cometió" todas esas atrocidades de forma periódica y sistemática.

No se entiende tampoco el repentino interés con que el Poder Judicial se aboca a investigar este suceso en particular, dado que en el país existen muchos otros casos destapados por la Comisión de la Verdad (CVR) en los que se violó los DD. HH. de manera organizada y repetida. Contándose, en la mayoría de ellos, con abundante documentación para iniciar los respectivos procesos penales.

No deja de sorprender que todo esto haya sido calculado, pues se hace una vez concluido el proceso electoral como para no levantar la sospecha de que se estaba persiguiendo políticamente a un candidato en plena contienda. Por eso se espero la definición final de la campaña presidencial, y se dejó transcurrir algo de tiempo para que este proceso penal no se vea como algo digitado desde las más altas esferas políticas. No olvidemos que Toledo había emitido declaraciones durante los comicios en las que consideraba a Humala como un agente desestabilizador del sistema, mostrando, además, simpatías iniciales por la “candidata de los ricos”. Para luego apoyar directamente al líder del aprismo (violando la Ley Electoral), una vez que la primera perdió toda opción de tentar el sillón de Pizarro.

Ahora que las aguas se han calmado era apropiado y prudente proseguir con aquel plan inicial—sacar del juego político a Humala—ya que el ambiente es favorable para ello. Decimos que es favorable porque todo Gobierno que comienza su mandato--y el de Garcìa no es la excepciòn--cuenta con un alto índice de aceptación pùblica. Suficiente como para emprender medidas cuestionables que podrían restarle algo de su capital político inicial, pero no como para sepultarlo del todo, si es que sabe ser oportuno*. Este es pues el tiempo ideal para emprender aquello que estaba vedado durante la campaña electoral anterior, ya de haber procesado a Humala con la escasa popularidad con la que contaba Toledo y con una masa humalista movilizada y enardecida, sería impensado y hasta suicida. Sin dejar de lado que el hecho hubiera generado una reacción negativa por parte de la prensa internacional y algunos organismos, restándole credibilidad e imagen al proceso democrático peruano.

El plan para deshacerse de Humala estaba en marcha, como sostenemos, desde que alcanzó gran notoriedad pública. Pero su “crimen” o “pecado” no consistìa ùnicamente en gozar de cierta popularidad, sino en disfrutar de ésta a través una predica que se basò en el cambio radical del modelo econòmico. Algo que no gusta en las más altas esferas empresariales del país que claman por estabilidad y proseguir con un sistema que les ha brindado enormes beneficios.

Sacar a Humala representaría un alivio para todos aquellos que quieren que las cosas sigan como están. Un alivio en el sentido de que no lo tendrán más agitando a las masas ni dirigiendo discursos antimercado.

No somos apologistas de Humala ni simpatizamos con él, seria un despropósito de este colectivo hacerlo. Sòlo damos cuenta de nuestras opiniones tratando de que sean lo más objetivas posibles. De ahí que analicemos y desmenucemos la realidad política y el momento histórico que nos toca vivir.

Continuando con nuestras apreciaciones, nos llama poderosamente la atención de que la juez de este caso sea justamente aquella que resolvió no abrir instrucción a Alan García por las matanzas en Cayara, ocurridas en mayo de 1988. Este hecho no debe tomarse como una simple casualidad ni a la ligera, dado que el Poder Judicial, como es sabido, es y ha sido afín al Partido Aprista. Así como muchas otras dependencias estatales pues muchos de sus cuadros recalan en la función estatal, y el PJ no es la excepción en este caso. Es más, es ahí donde probablemente se presenta el más alto porcentaje de funcionarios apristas que en cualquier otra instancia nacional.

Este es otro motivo adicional para desconfiar del mérito de abrir proceso a Humala, justamente cuando las principales carencias históricas del Poder Judicial han sido su independencia e imparcialidad.

Con todo lo anteriormente expuesto, creemos que existen sobrados indicios para cuestionar no sólo la oportunidad, sino también la idoneidad de abrir instrucción penal cuando las instituciones políticas, y principalmente judiciales, escasean de las mismas.






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* Fue Nicolás Maquiavelo (1469-1527) quien advirtió la necesidad de hacer todos los males en un ùnico momento, ya que si las maldades se ejecutan periódicamente se ofenderìa mucho más al pueblo, ganàndose, eventualmente, su animadversión. (Se recomienda la lectura del Príncipe)

El Procurador ad hoc ¿Lucha contra la corrupciòn? Give me a break!

Con el reciente nombramiento del procurador ad hoc Darío Ríos Patio, cuyas funciones específicas serán las de investigar y denunciar las presuntas irregularidades del régimen toledista, el Gobierno busca dictar nuevamente la agenda política del país. En el sentido de que dicha procuraduría ad hoc sería utilizada para emprender una ofensiva mediática contra el único partido que ha sabido ejercer, hasta ahora, el rol de oposición que le corresponde. Nos estamos refiriendo evidentemente a Perú Posible, ya que ante los continuos ataques verbales provenientes de Palacio y de la PCM, no le quedaba otra opción que responder y salir al frente.

Cabe mencionar ademàs que los entredichos entre los perùposibilistas y los apristas venìan arrastràndose desde los inicios de la campaña electoral por iniciativa de los segundos. Los cuales continuaron con mayor ènfasis por parte de voceros oficialistas engardados de las comisiones de transferencia como Alva Castro, Maurico Mulder y Jorge del Castillo, entre otros. Es decir, que eran desde todo punto de vista premetidados y respondìan a una clara estrategia del aprismo para descreditar, aùn màs, la mediocre gestiòn del partido de la Chakana.

Pero màs allà de lo anecdòticos que pudieran resultar estos antecedentes. La intención del Gobierno con esta designación es nìtida, pues lo que pretende es tener una suerte de vía de escape cuando las circunstancias le sean adversas. Es decir, emplear la procuraduría para soltar una que otra bomba mediática (denuncia de supuesta irregularidad) con el único fin de distraer la atención pública cuando el clima político, económico y social ponga en entre dicho la gobernabilidad, esto es, su estabilidad en el gobierno. Lo que está haciendo obviamente el Apra es anticipar de antemano las futuras insatisfacciones y desilusiones que generará su gestión. Bien sea por un panorama internacional crítico o por un frente interno que exija la implementación de reformas y mayores definiciones de su parte. Con esta medida política el Apra también busca atajar cuanto antes los errores y exabruptos que cometan sus autoridades, así como tapar o minimizar eventuales destapes periodísticos en su contra.

Recordemos que la necesidad de tener un procurador afín se debe a que el principal órgano de control con el que cuenta el Ejecutivo, la Contraloría General de la República, se encuentra justamente en manos del toledismo. De ahí que resulte imperativo contar con la presencia de este funcionario si se quiere prosperar en el hallazgo de malversaciones, cohechos, peculados de uso (término recientemente popularizado por la labia aprista), etc.

Por otro lado, este personaje --Rìos Patio-- cumplirá encargos muy distintos a los que desempeñò del inefable y rollizo “escudero” Gustavo Pacheco, ya que, sin lugar a dudas, el primero no sólo “blindará” la labor del Gobierno, sino también lanzarà sus dardos y alguna que otra pedrada contra el ex oficialismo. De este modo el Apra, al ampliar sus funciones, hará también "oposición" mediante la fiscalización de los sospechosos y turbios manejos del anterior régimen. Algo totalmente inaudito en la política nacional reciente, ya que ni el fujimorismo hizo lo propio con el Apra, aún cuando tuviera mayores indicios y elementos de juicio para investigarlo.

El objetivo del Apra no es la lucha contra la corrupción. Ya que resulta contradictorio que uno de los peores Gobiernos de la historia del Perú, lleve adelante una cruzada como ésta.

Además, no tiene legitimidad política ni moral para hacerla, dadas las graves acusaciones que pesaron--en materia derechos humanos y corrupción-- sobre muchos de sus dirigentes. Sin que èstas, finalmente, pudieran llegar a esclarecerse, dado que algunos funcionarios se ampararon en la figura de la prescripción penal como García.

¿HUMO BLANCO?

No, de ninguna manera salió humo blanco desde la sede de la PCM ni se fumó la pipa de la paz; todo lo contrario, pues los problemas de fondo todavía subsisten y sólo se retornó a aquel momento en el que las partes aùn no habían radicalizado sus posiciones. Lo que sí se logró fue cierta tranquilidad tanto para la región como para el país.

La primera etapa ya fue superada al comprometerse los actores (Yanacocha y la comunidad de Combayo) a dejar de lado sus posturas extremas. Esto implica que el Gobierno ha abandonado, en parte, su rol como mediador y facilitador del diálogo para convertirse en un agente solucionador del conflicto, esto es, en un neto conciliador. Lo cual supone que de ahora en adelante sus responsabilidades serán mucho mayores, ya que no sólo estará encargado de la conducción de las negociaciones sino también de proporcionar soluciones ingeniosas. En otras palabras, la pelota está en su cancha. Y no es una pelota cualquiera de la cual pueda deshacerse fácilmente pasándola a la oposición o tirándola afuera. No, ahora tiene que encarar y definir qué es lo què va a hacer para llevar la bola al arco contrario y anotar. La metáfora puede ser ilustrativa para describir o ejemplificar el momento que se vive, en estos precisos instantes, en Palacio de Gobierno y en la PCM. De aquí en más no podrán olvidarse ni omitir la problemática minero-campesina y tendrán que presentarle a la nación una solución concreta, realista y definitiva, eso si queremos atraer más inversiones mineras.

La presente coyuntura se revela dramática, tanto para el paìs como para el Gobierno, y de cómo la aborde y resuelva este ùltimo, dependerá, y en gran parte, nuestra estabilidad política y social.

No nos olvidemos de que además tenemos próximas unas elecciones regionales y municipales. En las cuales seguramente uno de los temas de campaña serán las tirantes relaciones minero-comunitarias. Dichos problemas serán, sin lugar a dudas, materia del discurso y propaganda de las huestes nacionalistas de Humala, quien podría reaparecer con mucha fuerza para la campaña que se avecina. Se descuenta desde ya su participación en mítines cuando tenga que presentar a sus candidatos a la población. Se hace menciòn de todo esto, dado que el movimiento humalista triunfó en muchas regiones—en la mayoría de ellas—y se presume que obtenga una victoria aplastante, si nos atenemos a las altas votaciones que obtuvo en las elecciones presidenciales de junio pasado. Esto sumado al hecho de que los demás partidos o movimientos políticos tienen escasa popularidad y representación en el interior. Así, la mesa estaría servida de antemano y cuenta con un solo comensal o invitado. De ahí la preocupación aprista por ganarse rápidamente a los más necesitados mediante proyectos como sierra exportadora, la Zona Franca de Puno, el Fondo para la Igualdad dotado con recursos comprometidos por las mineras, etc.

El interés del Gobierno es tratar de arrebatarles la mayor cantidad de regiones y municipios posibles a sus contrincantes humalistas. Esto con el fin de evitar que dichos gobiernos se conviertan focos de futura desestabilización política e insubordinación. Un serio revés para el Apra en esos comicios supondría dar marcha atrás en el proceso de regionalización del país, ya que no es de esperar que se transfieran mayores competencias y fondos a las regiones si estas se encuentran en manos nacionalistas. El Apra trataría a como de lugar de debilitarlos, sabotearlos si es posible como hizo Fujimori cuando la Alcaldía de Lima le era renuente al estar en manos de la oposición.

Garcia y el TLC

Hace unas semanas todo el pais escucho como el presidente Garcia presentaba a Hernando de Soto como su representante personal en Washington para impulsar la firma del TLC con EEUU. En esa oportunidad el dr. Garcia tambien menciono que de acuerdo a De Soto, el TLC solo beneficiaria al 2% de las empresas peruanas y que el resto de peruanos quedaria excluido. En tal sentido, el presidente anuncio que la presencia de De Soto permitiria "Humanizar" el acuerdo de forma que mas peruanos se beneficien. Garcia sabia que el TLC actualmente no se puede modificar puesto que la etapa de negociaciones esta cerrada y solo resta la aprobacion o rechazo del congreso americano. Entonces fue solo un error decir que se cambiaria el TLC o mas bien es parte de una estrategia politica?. Todo indicaria que fue lo segundo, quizas Garcia en su afan de acaparar los posibles reditos politicos por la firma del tratado, anuncio que se modifcara el tratado - puesto que el actual es "excluyente" y "elitista". Osea si el tratado se firmaba bajo el regimen anterior era malo, pero baja Garcia es bueno, me pregunto como habria votado la bancada aprista sobre el tema si no hubiesen ganado las elecciones???

De Soto despues de esto salio rapidamente a aclarar al presidente, diciendo que "no se le tocaria un pelo al tratado" y que su trabajo seria de promotor en Washington y de sugerir cambios internos que hagan que los beneficios del TLC lleguen a mas personas.

La forma en que Garcia anuncio sin reparos cambios al tratado a sabiendas que eso era imposible, no hace si no reforzar la vision de Garcia como un politico que no tiene el menor escrupulo para mentir y que ha hecho del cinismo y la doblez un modo de vida.

Cajamarcazo II

Algo que no había advertido en un inicio y que tiene que ver, y mucho, con la situación que se vive en estos momentos en Cajamarca, es que a la minera Yanacocha le han aparecido defensores tan efusivos y bulliciosos como sus opositores comuneros. Este grupo ha surgido como fruto de la paralización y está compuesto mayormente por aquellos que han sido beneficiados tanto directa como indirectamente por la actividad de la mina. Nos referimos a los trabajadores de Yanacocha, los que laboran para algún service o simplemente prestan alguna labor de apoyo.

Cabe resaltar que mucha de la boyante actividad comercial de Cajamarca se ha debido la incidencia económica de la empresa minera en la región, ya que ha aumentado el ingreso per càpita de cierto sector de la población. Y a mayor ingreso mayor capacidad de consumo. He ahí que muchas empresas de servicios se hayan instalado o piensen en hacerlo, tales como cadenas de restaurantes, hoteles, bancos, tiendas por departamentos, cines, etc. Por eso no es de extrañar que tanto trabajadores dependientes como independientes y los comerciantes hayan formado una cruzada con el fin de evitar el cierre indefinido de la compañía, puesto que está en juego la supervivencia de sus familias, es decir, sus ingresos.

Para la región esta situación es negativa ya que muchos comercios decidirán no abrir o restringir también sus operaciones, despidiendo posiblemente a sus empleados. Lo cierto es que la economía de Cajamarca, que antaño giraba en torno a la actividad ganadera (lechera concretamente) y turìstica, hoy es más que nunca dependiente de las operaciones mineras, bien sea por los recursos del canón o por los efectos en el consumo. Creàndose, así, un nuevo proletariado que recién ha tomado conciencia de sì mismo-- de su existencia--en el preciso momento en que èsta peligra, dado que sin la mina desaparecerían inevitablemente.

La situación tiene alguna similitud con la que tuvo Potosí, conocido en tiempos virreinales como “Cerro Rico” en el Alto Perú. Hacemos esta comparación porque la ciudad de Potosí dependía enteramente de la explotación de la plata, a tal extremo que en el momento de su decadencia, a mediados del siglo XVIII, se produjo también la de la ciudad y de la actual Bolivia. Dicho país basó su economía en la minería y casi todos sus recursos mineros fueron explotados por España durante la colonia por lo que ahora tiene una economía inestable. Y esto es precisamente lo que en parte sucede o podría ocurrir de no tener una estrategia, como Estado, para saber qué hacer después de agotar la vida útil de nuestros yacimientos minerales. Esa es la gran tarea pendiente por enfrentar, y para la cual deberíamos estar listos, si es que no queremos atravesar por situaciones parecidas a las de nuestros vecinos sudamericanos.

Está bien, desde luego, saber cómo y en qué emplear los recursos del canòn o las regalías. Pero mucho más importante que eso es tener en claro qué cosa vamos a hacer más adelante una vez que mermen los ingresos mineros. Sin un proyecto al respecto, carecemos de toda viabilidad en el largo plazo y estamos expuestos a que los militares nos gobiernen en el futuro con el fin de poner orden. Volviendo otra vez al pernicioso péndulo del poder, es decir, a oscilar entre gobiernos democráticos y modelos autoritarios como en el pasado.

Cajamarcazo I

Luego de haber sido tomada durante 5 días la carretera Cajamarca- Bambamarca por parte de los pobladores de la comunidad de Combayo, la Minera Yanacocha—que explota el yacimiento más grande de oro de la región—decidió paralizar sus operaciones dada la falta de seguridad para la continuación de las mismas. Si bien resulta lógica esta reacción ya que la vía en cuestión representa el principal acceso desde y hacia la mina, y supone poner en serio riesgo la integridad física de sus trabajadores; no pensamos, sin embargo, que esas sean las razones más importantes por las que la minera resolvió suspender sus trabajos.

Para empezar, la relación entre la mina y las comunidades ya era ---y siempre fue---bastante áspera y violenta. Y desde mucho antes de la toma de la carretera la situación era de total intransigencia entre las partes, pues ni una ni otra pretendían ceder ni un ápice en sus pretensiones. De ahí que el bloqueo de la vía y el cierre temporal Yanacocha sean sólo otras formas en las que se manifiesta este conflicto. Tanto una como otra posición resultan extremas y negativas para el país, pues colocan en entredicho la gobernabilidad y la capacidad del Estado para anticipar y resolver los conflictos sociales. En verdad, con medidas tan extremas como estas, lo único que se busca es la participación o involucramiento del Estado, a través del Gobierno, en el asunto. Es esta la principal razón y no otra de por qué la empresa de capitales nacionales y extranjeros, se vio obligada a dejar de operar. Es lamentable que se recurra a formas radicales para llamar la atención del Estado pero así es (ya que éste tiene escasa o nula presencia en los lugares más alejados del territorio).

Y lo malo de todo esto es que se vuelve a generar un precedente negativo, pues el mensaje que se envía a la población es que sòlo si se radicalizan: sus demandas serán eventualmente atendidas o escuchadas por las autoridades. De este modo se genera un círculo vicioso que socava la estabilidad y el orden que debe primar en un Estado de Derecho. Pero lo más lamentable aun, es que la empresa privada haya tenido que optar por maneras tan extremas. Ahora es el capital el que ve réditos al endurecer sus acciones, ya que con éstas, logra, finalmente, la preocupación estatal.

Para Yanacocha, si bien paralizar en estos momentos supone asumir pérdidas del orden de los 6 millones de soles por día; para el Estado y para la región (Cajamarca) èstas representan cantidades mucho mayores, dado que la mina cuenta con suficientes ganancias-- obtenidas en ejercicios anteriores--para soportar las pérdidas de este cese. Todo lo contrario sucede en el caso del Estado, pues esta falta de actividades le reporta menos ingresos por renta y canón minero. Y para un Gobierno apremiado por la carencia de recursos para atender las demandas sociales representa un duro golpe y un serio revés.

Pero más allá de eso, esta situación se presenta como la primera prueba de fuego para las cualidades concertadoras del premier Del Castillo. Las cuales serán sin duda necesarias a la hora del diálogo, pero no sabemos si bastarán pues se requieren soluciones ingeniosas, convincentes y más que nada, perdurables a la problemática minero-comunitaria o minero—campesina. Yanacocha no es Cerro Verde ni mucho menos Antamina, de ahí que precisemos de soluciones ad hoc, es decir, para el caso, dado que se tratan de realidades culturales distintas, aun cuando todas ellas compartan y enfrenten problemas comunes como la exclusión, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción.

El clima desde ya se presenta complicado para iniciar una negociación debido a que ambas partes cuestionan a los representantes de la otra. Esto hace que sea doblemente difícil llegar a algún acuerdo, puesto que se enfrentan problemas tanto de fondo como forma. De forma, en el sentido de que los interlocutores—aquellos que hablan en nombre de los actores— gozan de gran desconfianza y animadversión entre sì. Y son precisamente estos quienes más que trasladar o llevar el mensaje de sus representados, lo manipulan o reelaboran según sus términos, intereses y conveniencias. Nos estamos refiriendo concretamente a los emisarios de las comunidades, quienes tienen gran influencia en èstas y son los que encausan y dirigen a la población. En principio debe generar cierto recelo sentarse a conversar con alguien que encabeza la ola de marchas y protestas violentas. Por eso seria necesario convocar a otros miembros que muestren una actitud más dialogante o concertadora. Para por lo menos empezar a dialogar sin ningún cuestionamiento.

Eso por un lado, pues se requiere además que cada parte ceda en sus pretensiones. Y he ahí que ambas han puesto condiciones o trabas para iniciar las tratativas, pues por un lado la minera pide que se levante el bloqueo de la carretera, y la comunidad pretende no desbloquearla en tanto no se produzcan las pláticas que conduzcan a un arreglo definitivo de su pliego de reclamos.

Cabe resaltar que dicho pliego ha sido modificado pues se ha incluido en la agenda el aspecto ambiental, según versión de la propia Yanacocha. Cuando anteriormente el principal requerimiento era el ofrecimiento de puestos de trabajo.

Fuentes periodísticas dan detalle que la oposición de los comuneros se debe a la ampliación del proyecto de Carachugo, el cual les ocasionaría escasez de agua y la contaminación de la misma para su uso agrícola y ganadero.

El padre de la vicaría de la Solidaridad de Cajamarca, Efraín Castillo, explicó en un programa televisivo que habría intereses de empresarios locales que movilizan a la población al no haber ganado alguna licitación con la minera Yanacocha. "Al no ver sus expectativas satisfechas, convocan al caserío para que presione a la minera", explicó. Según este eclesiástico, el gran problema es la aparición de agentes que afectan las interrelaciones sociales y de poder en las comunidades. Dichos agentes (empresarios informales) pretendían captar mano de obra campesina para utilizarla en las eventuales licitaciones que convoque la minera, con el fin de enriquecerse, naturalmente. De esa frustración es que surge a su entender la reacción de la comunidad.

Pero el problema es mucho más grave y tiene muchas más aristas de las que se mencionan, y tiene que ver, esencialmente, con el rol del Estado y su participación en el desarrollo nacional. La falta de proyectos para emplear los recursos del canón o las regalías mineras son una clara muestra de que aun no existe una voluntad de enmienda en el aparato burocrático. Ya que lo que desespera a la población es la inactividad gubernamental, es decir, su pasividad (característica típica del quinquenio toledista). De modo que la falta de una respuesta estatal, que no necesariamente pasa por el empleo inmediato de la fuerza pública para poner orden, es la gran desencadenadora de situaciones alarmantes de este tipo. Por eso no resulta nada extraño que las cosas exploten de la noche a la mañana como bombas de tiempo. Y es que si no se resuelven adecuadamente estos problemas no cabe otra cosa que esperar.

Mientras tanto, estaremos expectantes y analizaremos cualquier eventual definiciòn.

¿Volver a la Constituciòn del 79?

En esta semana, concretamente el martes, se inicia el debate para ver si se retorna o no a la Constitución Hayista. Veo con mucha preocupación esta posibilidad ya que ni reformada es buena, es más, esa Constitución fue la que generó mayor inestabilidad política, social y económica como ninguna otra que hayamos tenido en el pasado. Y si bien fue fruto del consenso de la mayoría de las fuerzas políticas de ese entonces, recordemos nomás que se dio en plena dictadura militar. Así que su origen histórico no fue para nada puro ni sacrosanto como lo pintan algunos trasnochados de hoy como Valle Riestra, dado que fue la carta con la que negociaron su salida los uniformados demagógicos que nos gobernaron durante más de una década. De esta manera se aseguraron una transición pacifica, sin juicios, investigaciones ni cuestionamientos durante su permanencia en el poder por parte de la clase política, la prensa y los empresarios. Es decir, todos se hicieron de la vista gorda a cambio de contentarse con una Constitución que les permitiera (a la èlite polìtica) plasmar gran parte de su ideario político con el fin de "marcar" al país como lo hace cualquier ganadero con sus reses, es decir, como si se fundarà genéticamente en ellos o fuera una suerte de propiedad suya.

La idea de los militares de esa época era que su proyecto no se desbaratará de la noche a la mañana, ya que siendo de corte socialista la dictadura de Velasco Alvarado, dicha Constitución representaría en la práctica un suerte de prolongación de la misma (de la tiranía), con el objetivo, como lo mencioné más adelante, de que no se plantee, por ejemplo, el inicio de investigaciones judiciales o procesos que lleven a los tribunales a muchos militares por la conculcación de los derechos ciudadanos y universales, en otras palabras, por sus excesos y atropellos contra la vida, la integridad física, la propiedad, la libertad de expresión, la persecución, etc. Esto quiere decir que no tuvo el tan mentando origen democràtico o popular como muchos sostienen.

De modo que volver a la Constitución anterior supone avalar una serie de hechos nefastos con los cuales estamos en desacuerdo. Su retorno implica hacernos los ciegos otra vez, en cuanto a materia de Derechos Humanos se refiere, pero también tornarnos invidentes ante todo el mal que causó en manos de un García irreflexivo. Basta recordar nomás que dicha "ley de leyes" allanó el camino de García para hacer todo lo que hizo en materia económica, porque esa Constitución lo facultaba a intervenir en la economía del país, tanto a nivel micro como macro. De ahí que gran parte de su articulado represente una seria amenaza para la estabilidad que necesitamos, puesto que deja mucho de su contenido, a ser desarrollado por la subjetividad del gobernante. Es decir, que queda en manos de éste el hecho de determinar qué se entiende por "bien común", "interés social", "función social de apoyo", etc*. Conceptos que a todas luces son imprecisos por sí mismos, y requieren de precisiones por parte del Presidente o del Congreso. Los conceptos anteriormente aludidos, son peligrosos en el sentido de que de no ser observados por los gobernados, esto es, empresarios y cualquiera que realice alguna actividad económica relevante, se es pasible de ser intervenido por el Estado si es que su actuación no está enmarcada por aquello que la clase política dice que es o debería ser el "bien común", "interés social", "función social de apoyo", etc. En otras palabras, sería como abrir de nuevo la caja de Pandora a la arbitrariedad y el descontrol.



* Al definir el contenido de una serie de conceptos constitucionales, el Presidente de la Repùblica se convierte en una especie de supremo intèrprete de la Constituciòn. Usurpando funciones propias del Tribunal Constitucional, dado que este òrgano es el ùnico que goza de dicha prerrogativa conjuntamente con todos los demàs magistrados de la naciòn, a travès del ejercicio de la jurisprudencia.

Hubo una vez doce apóstoles

por. Nelson Manrique

El nombramiento de Hernando de Soto como superministro y la presentación del
premier Jorge del Castillo ayudan a aclarar la orientación económica del
segundo gobierno de Alan García.


El encargo hecho a Hernando de Soto, para que consiga que el Congreso de los
EE.UU. apruebe el TLC con el Perú, ha servido para zanjar dos cuestiones que
hasta aquí se prestaban al debate. En primer lugar, el TLC va a beneficiar a
una muy pequeña minoría de peruanos: apenas un 2% de los empresarios. La
afirmación de De Soto, de que va a excluir al 98% restante, no ha sido
objetada por nadie, ni dentro, ni fuera del gobierno. En segundo lugar, no
va a haber ninguna modificación del TLC: ni las compensaciones, ni la
supuesta renegociación, con que el presidente García justificó el abandono
de su posición inicial de proponer un referéndum para debatirlo y de
desconocer, si era necesario, la firma del presidente Toledo. En las
precisas palabras de Hernando de Soto, al TLC no se le va a tocar ni un
pelo. El TLC queda y no hay debate, para frustración de las llamas y alpacas
cuya opinión no va a tomarse en cuenta.


Para compensar, el Gobierno ha decidido plegarse a la propuesta de De Soto,
de realizar las reformas internas que permitan que el TLC beneficie a una
mayoría. Esta es una buena noticia para la ONG de Hernando de Soto, que
tendrá contratos asegurados para los próximos cinco años para impulsar el
abaratamiento de los costos de la formalización de los pequeños empresarios.
Pero deja en pie la política económica del gobierno de Alejandro Toledo,
sigue agrandando la brecha que separa a los ricos de los pobres.


La presentación de Jorge del Castillo en el Congreso ha tenido la misma
impronta: no hay ni una sola iniciativa de real reforma del aparato del
Estado ni de modificación de la actual estructura de la distribución del
ingreso. El gobierno de Alan García no se atreve siquiera a hacer las
modificaciones en la estructura tributaria que reclama Lourdes Flores. En
cambio, para disponer de recursos para implementar una política social,
recurre a demandar un óbolo voluntario a los mineros, en lugar de renegociar
los contratos, como se ha hecho ya en cerca de un centenar de ocasiones,
siempre a pedido de los empresarios.


Alan García vuelve, pues, a confiar en la buena voluntad y la sensibilidad
de los empresarios para cimentar su política social. Ya lo hizo en una
oportunidad anterior, cuando durante su primer gobierno entabló una política
privilegiada con los empresarios más grandes (los doce apóstoles), en la
creencia de que los privilegios que les otorgaba serían retribuidos con la
reinversión de sus sobreganancias en el país. Según cuentan quienes formaban
parte de su entorno cercano, fue su desilusión, al ver que estos enviaban
sus utilidades al exterior, lo que precipitó el caballazo de estatizar la
banca, con los resultados conocidos. Ojalá la fábula tenga esta vez un mejor
final.

prueba

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